La CUP ve organización criminal en los investigados por el caso Manté y Batesteza

La CUP presentó este lunes el escrito de acusación en las piezas acumuladas principal y número 2 del Caso Innova, relativas a la contratación y a pagos supuestamente irregulares realizados por parte del holding municipal al exdirector del CatSalut, Carles Manté, y al arquitecto Jorge Batesteza durante la construcción del Hospital Sant Joan. La formación cupaire, que actúa como acusación popular, considera a los investigados en esta pieza conjunta responsables de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y defraudación a la administración, blanqueo de capital, falsedad documental y organización criminal. La CUP pone énfasis en este último concepto, nueve a la macrocausa y que introduce al entender que la conducta que origina las actuaciones «no es casual sino premeditada y concebida años atrás». Y pide 18 años de prisión para cada uno de ellos, inhabilitaciones, sanciones de 400.000 euros y, en relación a la responsabilidad civil, indemnizaciones a Innova y al Ayuntamiento de Reus por valor de 720.120, 8.954, 387.000 y 186.400 euros más IVA.

El escrito, al que ha tenido acceso el Diari Més, llega vencido el plazo inicial del 3 de abril como consecuencia que la Candidatura de Unidad Popular «pidió incluir nuevas pruebas que, finalmente, se podrán solicitar en el juicio oral». Con este, el juzgado de instrucción número 3 de Reus cierra la pieza acumulada y se da por finalizada la fase de instrucción, a la espera de los escritos de las defensas y de la apertura del juicio oral.

Responsables de seis delitos

En detalle, el escrito de los abogados de la CUP considera al exdirector de Innova, Josep Prat; el exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez; la secretaria y asesora jurídica del holding, Natàlia Torrell; y la exdirectora financiera de Innova, Ester Ventura, el «núcleo duro» del entramado de empresas, responsables en concepto de autores de los 6 delitos. Para ellos –como también para Manté y Batesteza, y el resto– pide 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por el concurso medial de delitos de prevaricación, blanqueo, falsedad documental, defraudación a la administración y malversación de dinero; 2 años de prisión, 6 de inhabilitación y multa de 400.000 euros por tráfico de influencias; y 8 años de prisión para «promover una organización criminal, de carácter estable, tiempo indefinido, formada por más dos personas que de forma concertada y coordinada se reparten las funciones para cometer delitos graves». A Manté y Batesteza los atribuye la responsabilidad en concepto de autores de delitos de falsedad documental, blanqueo de capital, tráfico de influencias y defraudación a la administración y organización criminal, y los considera únicamente cooperadores necesarios en la prevaricación y la malversación.

En relación a la responsabilidad civil, el escrito de acusación pide que Pérez, Prat, Torrell, Ventura y Manté indemnicen Innova y al Ayuntamiento «solidariamente y a partes iguales» con 720.120 euros –más el IVA– «correspondientes a las facturas abonadas a CCM Estrategias y Salud», empresa creada por Manté y en qué se adjudicó trabajos al Hospital Sant Joan. Y que Prat, Pérez, Torrell, Ventura y Gómez Rebollo –exdirector de obras de Innova– paguen 387.000 euros por «las facturas abonadas a Batesteza por los contratos suscritos entre él e Innova, y 8.954 euros –el IVA incluido– por las 33 facturas abonadas a Batesteza en concepto de desplazamientos». Finalmente, reclama a los mismos y a Sergi Luqui 186.400 euros por «las facturas abonadas a la UTE Euroconsult Catalunya por la modificación del contrato del project mánager».

Tiques de autopista

En el escrito, los abogados de la formación apuntan que Batesteza, contratado para realizar funciones de asesoramiento en la construcción del Sant Joan, sólo elaboró 4 informes por las 43 facturas cobradas. Y precisa que, además, el arquitecto «facturó a Innova 8.954 euros por desplazamientos». Según el relato, «facturaba los viajes a Reus a 0,18 euros el km (39,60 euros para 220 km)». No obstante, «hay tiques de autopista como la C-16 que no une el domicilio del arquitecto ubicado en Barcelona con Reus o la carretera de Vallvidriera en Sant Cugat».

Aparte de multas e inhabilitaciones, el Ayuntamiento de Reus ya pidió en su momento 3 años de prisión para Prat, Manté y Batesteza; Ara Reus solicitó penas de 8 y 10 años a Prat, Mantiene, Batesteza y Pérez; Y la Fiscalía, 10 años a Prat, Pérez y Batesteza, y 8 a Manté.