Pellicer defiende en el juzgado que «un manifiesto para la convivencia nunca puede ser un delito»

El alcalde de Reus y tres concejales –portavoces del PDECaT, ERC y Ara Reus- citados por un supuesto delito de incitación al odio han declarado este jueves al juzgado de instrucción número 2 de Reus. Carles Pellicer, Montserrat Vilella, Noemí Llauradó y Jordi Cervera han comparecido ante la jueza y sólo han respondido a las preguntas de su abogado. Pellicer ha defendido que firmar «un manifiesto para la convivencia nunca puede ser delito» y se ha reafirmado apuntando que volvería a actuar igual si se encontrara con las mismas circunstancias. Los concejales de la CUP citados, Marta Llorens, Mariona Quadrada y Oriol Ciurana, no han entrado a declarar en los juzgados porque no reconocen la justicia española, todo y que sí que han hecho acto de presencia a las puertas del edificio judicial. En el caso de la concejala de la CUP Mariona Quadrada, la citación ha quedado suspendida porque su abogada tenía un señalamiento judicial anterior y su declaración todavía no tiene fecha. Un centenar de personas se han concentrado ante el juzgado para mostrar el apoyo a los investigados, ante una veintena de personas que, con banderas españolas, también han protestado por|«la incitación al odio» del gobierno municipal.

La declaración ha empezado a las 9.30 horas y han salido del juzgado en torno a las 11 horas. El alcalde y los concejales han entrado a declarar en medio de decenas de personas que se han concentrado desde minutos antes de las nueve para mostrarlos su apoyo con pancartas y gritos de 'Libertad'. En el otro lado, una veintena de manifestantes han mostrado su rechazo a la actuación del gobierno municipal, tildando de «traidor» Pellicer. El alcalde y los concejales han hecho la entrada acompañados de varios alcaldes y concejales del territorio y miembros de los partidos soberanistas.

El viernes será el turno de dos responsables de un gimnasio de Reus, a quien se acusa de vetar la presencia de agentes en el establecimiento, y cuatro bomberos, a quien se investiga por delito de incitación al odio y también de malversación. Este jueves ha sido la tercera jornada de declaraciones. Las dos anteriores estuvieron dedicadas a oír al testimonio de varios agentes de la policía española. En el procedimiento, son parte los investigados, el abogado del Estado en representación de los denunciantes (CNP) y el Ministerio Público.

Pellicer ha afirmado que han acudido a los juzgados a declarar «por haber garantizado la convivencia en la ciudad y devolverla a la normalidad». «Firmar un manifiesto no puede ser nunca un delito y nuestra actuación en todo el proceso ha sido marcada para hacer compatible la libertad de la ciudadanía con la paz, la convivencia y el civismo», ha defendido el alcalde, que ha dicho que eso es lo que seguirán haciendo. Pellicer también ha afirmado que la convivencia se vio alterada el 1-O y que había personas «angustiadas» a raíz de las cargas policiales el día del referéndum. «Lo que hacía el manifiesto era dar respuesta a una demanda ciudadana».

En esta línea, Pellicer ha asegurado no entender que se los investigue por un delito de incitación al odio. «Alcalde y concejales no somos personas de odio», ha clamado, afirmando que no han hecho «nada malo» y que han velado para «garantizar la convivencia» al municipio, y que así lo han trasladado a la jueza. Por otra parte, ha afirmado que si se encontrara con la misma situación que se encontró después del 1-O «volvería a actuar de la misma manera para garantizar la convivencia». «Después de eso, vino la tranquilidad y se acabaron las manifestaciones», ha dicho Pellicer, recordando que el manifiesto era un texto «político de intenciones» que «transmitía un sentimiento de recibir aquello que la ciudadanía reclama». Pellicer ha afirmado que la jueza «ya dirá lo que tenga que decir a su momento» pero que, tanto alcalde como concejales están «tranquilos».

Llauradó cree que con el manifiesto se devolvió a la normalidad

La portavoz de ERC, Noemí Llauradó, ha recordado que los investigados no son sólo los concejales o alcalde, sino que también se han inculpado personas a título individual –propietarios de negocios y cuatro bomberos. «El objetivo era devolver a la normalidad una ciudad donde la gente estaba con estado de shock y angustia por las cargas policiales», ha dicho Llauradó, que también ha mostrado la voluntad de «mantener la convivencia» en Reus.

«Evitamos que hubiera más manifestaciones, y la única que se produjo después de la lectura del manifiesto fue una en absoluto silencio, de manera pacífica, y ya no se produjo ninguno más», ha relatado la portavoz de ERC, que cree que con la marcha de los agentes del hotel Gaudí se consiguió lo que se proponía, «recuperar la normalidad y la vida cotidiana».

Vilella se reafirma en el manifiesto

La portavoz del PDeCAT, Montserrat Vilella, ha afirmado que no se hizo ninguna incitación al odio y que han declarado «con la dignidad» saber que representan «una buena parte de la ciudadanía». «El gobierno actuó para devolver a la normalidad la ciudad, fue una actuación acertada y si nos encontráramos con la misma situación, lo volveríamos a hacer», ha dicho.

La CUP no comparece porque dice no reconocer la justicia española

Los miembros del grupo municipal de la CUP investigados en esta causa -la portavoz Marta Llorens y los concejales Oriol Ciurana y Mariona Quadrada- han comparecido en las puertas del edificio judicial a la hora que habían sido citados por la jueza para decir que no entrarían «a los juzgados españoles». «No es la justicia que nos ampara», ha aseverado Ciurana, quien ha denunciado que hoy el Estado ha demostrado «sus ganas de represión» y actitud «antidemocrática».

Por su parte, la concejala Mariona Cuadrada - la citación de la cual ha quedado suspendida porque su abogada tenía un señalamiento judicial anterior- ha insistido en que la CUP sólo obedece la legalidad catalana y no accederá a declarar «ante un juzgado que no nos representa». Cuadrada ha defendido que en absoluto se oyen causantes de ningún delito. «Si decir 'votaremos' o firmar un manifiesto para libertad de los presos o por el alejamiento de las fuerzas de ocupación es una ilegalidad, nosotros no lo acatamos y no seguiremos esta legalidad», ha remachado.

A su vez, la portavoz de los cupaires, Marta Llorens, ha constatado que «esta caza de brujas está llegando a todas» y que todos los investigados son «personas inocentes que hemos manifestado nuestro derecho y libertad de expresión». Llorens ha insistido en que no han cometido ningún delito y que volverían a manifestarse de forma «pacífica y legítima».