El juzgado mercantil da por finalizado el concurso de acreedores de Shirota

El juzgado mercantil número 1 de Tarragona ha acordado la conclusión, a través de un auto con fecha del pasado 18 de octubre del 2017 y publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) este sábado 17 de febrero, del concurso de acreedores voluntario iniciado por la empresa de capital mixto Shirota Functional Foods (SFF) a principios del 2012. El mismo concurso, impulsado por el gobierno municipal –formado entonces por CiU y PP- y que el juez estableció en el 2014 como «fortuito» –es decir, que la situación económica no respondía a las consecuencias de una mala gestión– después de que la Fiscalía hubiera presentado un escrito donde lo consideraba «concurso culpable» y pidiera 2,4 millones a los administradores, había finalizado la fase común a marzo del 2013 y atravesaba desde entonces una liquidación que se ha alargado durante cerca de seis años.

Aunque la publicidad del auto en el BOE no concreta la forma como se ha llevado a cabo la finalización, la Ley Concursal marca que la conclusión de un concurso mediante auto se da en dos supuestos: «en cualquier estado del procedimiento, cuando se compruebe el pago o la consignación de la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores para cualquier otro medio o que ya no existe la situación de insolvencia» o bien «una vez acabada la fase común del concurso, cuando haya quedado firme la resolución que acepte el desistimiento o la renuncia de la totalidad de aquellos acreedores reconocidos». En ambos casos el desenlace se acuerda mediante auto y con posterioridad a la elaboración, por parte de la administración concursal, de un informe que se pone hasta dos semanas a disposición de los acreedores y que admite oposición.

La maquinaria de la empresa de investigación alimenticia Shirota fue subastada, a marzo del 2014 y a lo mismo mercantil de Tarragona, y se adjudicó a una filial del grupo reusense Pintaluba por un total de 50.000 euros. Cifra, esta, alejada de los 898.000 euros en que había sido valorada –inicialmente la propuesta era de unos 30.000 euros, pero esta subió al presentarse una de segunda– y que tenían que servir para pagar la deuda de Shirota con la empresa propietaria de las naves y con los trabajadores. La adjudicataria de la maquinaria abonó también 25.000 euros más por|para otros aparatos embargados.

En el juzgado y en el Tribunal de Cuentas

Fuentes municipales que han sido consultadas por el Diari Més remiten a los procedimientos abiertos al departamento segundo del Tribunal de Cuentas (TCU) y al juzgado de instrucción número 3 de Reus y precisan que este nuevo trámite no representa, hoy, ninguna afectación en el Ayuntamiento. En este sentido, el TCU desestimó el verano pasado una demanda del actual consistorio contra Lluís Miquel Pérez y seis concejales del tripartito que formaban parte del consejo de administración de Innova en el momento de los hechos, por la aprobación de un aval de 3 millones para la empresa mixta sin que Innova –que tenía un 40%– fuera socio mayoritario. El cierre de Shirota también centra una pieza dentro de la macrocausa Innova.