Los trabajadores del Hospital de Reus apuntan opacidad en la previsión contable

El Comité de Empresa del Hospital Sant Joan de Reus emitió ayer un comunicado donde apuntaba que «no somos conocedores del déficit que se ha publicado en prensa de 3,2 millones» a pesar de «haber pedido la previsión contable a la empresa y esta estar obligada a entregarla trimestralmente, cosa que» no ha hecho». La cifra, concretada en la sesión informativa del Consejo de Administración que tuvo lugar el lunes, implica que la plantilla no cobrará retribuciones variables por objetivos (DPO) vinculadas al ejercicio 2017. Y no lo hará por una cláusula incluida en el nuevo convenio laboral 2017-19 que prevé que la empresa sólo tenga obligación de pagarlas si se encuentra en situación de equilibrio económico. Fuentes del mismo Hospital precisan que «el cierre contable se facilitará cuando esté formulado» y que «este es el compromiso».

En la misma línea, el Comité lamentaba que «no se nos ha dado ningún tipo de información sobre la situación económica del Hospital, a día de hoy» y recordaba que «en el supuesto que existiera déficit, los trabajadores seguimos sin ser los responsables de este y, por lo tanto, el Comité seguirá luchando por no tener ningún recorte salarial más». El comunicado no aclaraba si esta lucha puede traducirse en protestas, pero sí que subrayaba que «estamos pendientes del juicio de las DPO del 2015 y de la sentencia de las del 2016».

No adelgazar arcas municipales

El déficit de 3,2 millones que la formulación de cuentas del Hospital Sant Joan de Reus confirmará este próximo 23 de marzo implica que la sociedad afronta una nueva causa de disolución, la tercera de consecutiva. La primera la removió el Ayuntamiento con una polémica inyección económica de 4 millones provenientes de fondo de reserva de Gecohsa. La segunda, para la cual justo el lunes pasado el consistorio completaba los trámites con la publicación del último paso en el BORME, se resolvió con una reducción de capital social de 3,5 millones de euros y una aportación en terrenos por valor de cerca de’ 1,3 millones. El gobierno puso el lunes encima de la mesa del Consejo de Administración el compromiso que el mecanismo que se acuerde ahora –hay dos meses de margen– no adelgazará las arcas municipales ni repercutirá, así, en Gecohsa.

La cifra del déficit que se espera para el 2017 sale a la luz tres meses después de la que tendría que haber sido la fecha de entrada en funcionamiento de un nuevo consorcio entre CatSalut y Ayuntamiento de Reus que asumiera «alquiler, concierto y plantilla».

Con respecto al resto de sociedades, Gecohsa cerrará en el 2017 con un positivo de 680 euros. El CMQ, inmerso en el proceso para abandonar a la Clínica Fàbregas con quien mantiene abierto un litigio y trasladarse a las dependencias del antiguo hospital, carga con un déficit de 180.000 euros.

Un cambio decisivo en un concepto

Con respecto al Comité de Empresa del CMQ, que sí está presente en el Consejo de Administración, este ha solicitado al interventor «una adenda para que el impacto del litigio para la Clínica Fàbregas y del traslado a las nuevas instalaciones no se incluya en las cuentas como amortizaciones sino como un concepto diferente», explica a la delegada Loli Ruiz. Un paso, este, que, según detalla, ya se dio el ejercicio anterior y que permitiría cerrar en equilibrio y, por lo tanto, acceder al cobro de las DPO que los trabajadores no percibirán en situación de déficit. A la espera de la resolución del interventor, el colectivo no descarta proponer movilizaciones si el cambio no se consuma.