El banco recupera y blinda los bloques que estuvieron ocupados en Joan Coromines

Los bloques de viviendas de la calle Joan Coromines que, el verano del 2017, fueron ocupadas de manera ilegal por una veintena de familias, han pasado a manos de Anida, inmobiliaria vinculada al BBVA y de la cual el grupo financiero está terminando ahora la venta. El trámite, consumado el pasado 31 de enero, lo ha ordenado un juez después de que la promotora que levantó los edificios a Horts de Miró hubiera ido anteriormente a la quiebra. Su materialización pendiente había generado, el año pasado y al momento de la entrada irregular de estas familias en al menos 17 pisos de los números 4 y 6 de la promoción, una situación complicada. Fuentes del BBVA concretaban ayer a Diari Més que, el haber tomado posesión de los inmuebles una vez vacíos, la entidad no ha llegado nunca a presentar denuncia contra los ocupas. También que la inmobiliaria les ha blindado con nuevas cerraduras, precintos, alarmas en cada vivienda y otros sistemas de seguridad «que evitan la entrada de las personas» para ahorrarse que un caso similar pueda volver a darse. Los que los habitaban irregularmente abandonaron los edificios un mes antes del cambio de manos.

Las mismas fuentes precisan, que, en el momento de proceder a revisar los pisos, «la mayoría» de estos «se encontraban en buen estado» y no se detectaron desperfectos. Y que la inmobiliaria «no ha tenido que hacer ninguna intervención» más allá del hecho que «se han limpiado y asegurado totalmente». La salida de la última familia del bloque puso fin a la presencia continua de una patrulla de la Guardia Urbana, que vigiló las 24 horas y durante aproximadamente seis meses la promoción. Como mínimo una parte de los ocupas recibieron atención de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Reus. Lo hicieron «a través del mismo circuito que entrarían otras familias en iguales circunstancias, siempre teniendo en cuenta que se tiene que estudiar caso por caso, mirando las particularidades de cada uno de ellos para actuar de la manera más conveniente», tu como explicaba en aquel momento la concejala de Bienestar, Montserrat Vilella. Y después que el mismo Ayuntamiento emitiera un comunicado donde «únicamente puede hacer informes de vulnerabilidad a la ciudadanía empadronada aquí» y que los ocupas «tendrían que solicitarlos en el Ayuntamiento del municipio donde están empadronados, que en ningún caso es Reus». Fue al enderezarse algunas de las familias a Servicios Sociales que «vimos que había algunos casos del municipio y de la zona». Fuentes municipales consultadas han declinado, por una «cuestión de protección de datos», precisar la atención que estos ocupas recibieron y los términos en que esta pudo resolver sus circunstancias.

El futuro resto todavía para definir

Desde el BBVA añadían ayer que el futuro más inmediato de las viviendas de propiedad de Anida en la calle Joan Coromines todavía no se ha definido. Y aclaraban que los bloques no forman parte del paquete que la inmobiliaria puso recientemente en venta por todo el Estado y que «con ellos no se está haciendo ningún movimiento todavía porque el expediente es muy reciente y probablemente esté cerrado todavía». En el momento de intervenir en la ocupación ilegal, agentes de la Guardia Urbana y trabajadores de las empresas suministradoras procedieron, en sucesivas ocasiones, a cortar el agua y la luz en las viviendas.