Uno de los bomberos investigados por delito de odio ha declarado hoy

Este viernes ha declarado a los juzgados de Reus otro bombero investigado en la causa por un supuesto delito de odio contra la policía española. Durante la comparecencia ante el juzgado de instrucción número 2, que también lo investiga por un presunto delito de malversación de fondos públicos, el hombre sólo ha respondido a las preguntas de su abogada, Sandra Figueras, del colectivo Abogados Voluntarios 1 de octubre. Con él ya son al menos cuatro los efectivos de este cuerpo de emergencias que han declarado en sede judicial. La declaración de un segundo bombero prevista también para este viernes, ha quedado aplazada después de que acreditara que no podía acudir. Además, según fuentes jurídicas se ha pedido identificar a varios bomberos más, por lo cual no se descarta que el número de investigados aumente. El bombero investigado ha recibido el calor de un centenar de personas que le han dado apoyo en las puertas de los juzgados de Reus.

La jueza investiga la presunta participación de los bomberos en las protestas delante del Hotel Gaudí, donde había un centenar de policías español alojados con motivo del 1-O, durante el paro de país del 3 de octubre. Después de recibir denuncia del cuerpo policial, el juzgado solicitó un detalle de las salidas que efectuaron los camiones desde el Parc de Bombers de Reus para constatar si alguno de ellos se había desplazado hasta el establecimiento hotelero y si eso derivaría en uno presunto delito de malversación de fondos públicos.

En esta causa también están imputados el alcalde de Reus, Carles Pellicer, y seis concejales más del PDeCAT, ERC, Ara Reus y la CUP del Ayuntamiento por el manifiesto firmado el 3 de octubre protesta por la violencia policial y pidiendo la retirada de los agentes de la policía española y la Guardia Civil desplazados Cataluña. El texto firmado por el alcalde y los portavoces municipales instaba a los propietarios del Hotel Gaudí del centro de la ciudad a hacer marcharse los agentes.

Pellicer y los portavoces del PDeCAT, ERC y Ara Reus declararon en noviembre y sólo respondieron a las preguntas de la defensa. Los concejales de la CUP citados, Marta Llorens, Mariona Quadrada y Oriol Ciurana, plantaron a la jueza por partida doble. Contra todos ellos se acabó dictando y ejecutando una orden de detención para hacerles comparecer en sede judicial, donde se acogieron a su derecho de no declarar.

También constan como investigadas en la causa dos personas vinculadas a un gimnasio de Reus que están acusadas de expulsar a los agentes de las instalaciones a raíz de las actuaciones policiales del 1-O.

En el procedimiento son parte los investigados, el abogado del Estado en representación de los denunciantes -la policía española- y el ministerio fiscal.