El Defensor del Pueblo cierra la actuación de oficio sobre el corte de Gas Natural

El Defensor del Pueblo ha dado por finalizada la actuación que inició, de oficio, a raíz del caso de la mujer de 81 años que murió en un incendio en su casa, a la calle Santa Anna de Reus y a noviembre del 2016, originado por el fuego de la vela con que se iluminaba después de que Gas Natural le cortara el suministro eléctrico por unas facturas pendientes de pago. La institución recoge la intervención en su informe anual 2017, publicado este 19 de marzo, donde destaca que los hechos «pusieron de manifiesto las carencias de un sistema que no estaba concebido para proteger los derechos de las personas, y también la necesidad de mejorarlo», a la vez que valora que «nadie puede vivir sin electricidad a la sociedad y la energía es esencial para una vida digna».

Fuentes del Defensor del Pueblo consultadas por el Diari Més precisan que su actuación tocó oficialmente al fin el pasado octubre «al haber constatado que la administración impuso una sanción a la empresa» Gas Natural y recuerdan que «el Defensor del Pueblo lleva tiempo recomendando establecer procedimientos de comunicación y coordinación entre las empresas suministradoras y los servicios sociales antes de realizar un corte al suministro para evitar que personas en situación de vulnerabilidad se queden sin suministro».

La sanción a que hace referencia el Defensor del Pueblo la impuso en Gas Natural el Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, a través de la Agencia Catalana del Consumo, en junio del 2017, con una cuantía de 500.000 euros. La eléctrica, sin embargo, y tal como adelantó este medio, ha iniciado un contencioso para esquivar la multa. Gas natural había presentado, en primer término, un recurso de reposición que el entonces todavía conseller Santi Vila desestimó y que ha desembocado en el traslado del expediente en la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). A partir de aquí, «la sala tendrá que resolver si es competente o no para abordar esta cuestión y, en caso afirmativo, acabará emitiendo sentencia. Después, las partes tendrían que establecer si lo aceptan, y si el procedimiento se da por finalizado o bien continúa y pasa a instancias superiores», detallaban en febrero fuentes del Departamento de Empresa y Conocimiento. La abuela a la que la empresa retiró la luz había dejado de pagar recibos por valor de unos 246 euros.

El «alteración social» por|para la muerte

La cifra de los 500.000 euros, y la propia sanción, venía dada por el hecho de que el expediente de la Agencia Catalana del Consumo considera una infracción grave el corte al suministro sin haber pedido antes al Ayuntamiento de Reus un informe sobre la situación de la mujer «con el fin de determinar si la persona o la unidad familiar se encontraba en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial». Gas natural lo había dejado sin luz por una deuda de tres facturas pendientes. La calificación, con respecto a los hechos, de graves, la Agencia Catalana del Consumo la elevó a «muy grave» porque entendía que estos produjeron «una alteración social importante, alarma o desconfianza» y también porque la mujer formaba parte de un colectivo «especialmente protegido por el Código de consumo de Cataluña, tal como es el de las personas mayores.»

El Síndic, a principios de este año

El Síndic de Greujes también concluyó, a principios de este mismo 2018, la resolución sobre su actuación de oficio por la mujer muerta en el incendio de su casa. Fuentes del Síndic explicaban en febrero que «el Departamento de Empresa, en el cual iba dirigida la recomendación fundamental resultado de esta actuación, sobre la conveniencia que se despliegue la Ley 24/2015 con respecto al protocolo entre las administraciones y las empresas, no lo ha aceptado, y nos sigue diciendo que no lo considera necesario»