El juez de Innova archiva el caso a 37 de los 47 médicos imputados por las prótesis de Traiber

El juez que investiga el uso de prótesis caducadas y en mal estado de Traiber en hospitales catalanes ha archivado la causa a 37 médicos y 10 de empleados de la empresa, con lo cual siguen imputados una decena de cirujanos y tres directivos de la compañía.

En su acto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Reus acuerda el archivo provisional de la causa a los 37 médicos los nombres de los cuales figuraban en las fichas comerciales de Traiber, al entender que no hay indicios que cobraran comisiones ilegales de la compañía ni que llegaran a colocar las prótesis defectuosas.

En el llamado caso Innova, el juez investiga una presunta trama de corrupción para que médicos de hospitales catalanes colocaran prótesis en mal estado de Traiber, a cambio de una comisión, así como supuestas presiones de miembros del equipo de gobierno de Reus, de CiU, para que las comprara el Hospital de Sant Joan del municipio.

El juez ha tomado declaración como investigados a 47 cirujanos los nombres de los cuales fueron encontrados en documentación confiscada a Traiber, pero, después de escuchar sus explicaciones, ha concluido que figuraban en las fichas de la fabricante de prótesis porque esta tenía la intención de contactar con ellos y «quizás ofrecerles comisiones» para colocar las piezas defectuosas.

Según la opinión del instructor, «es lógico pensar que los responsables de Traiber intentaban poner en marcha una estrategia comercial agresiva (muchas veces con apariencia delictiva) al final de su vida empresarial», dado que «la realidad del mercado la había situado como una empresa obsoleta y sin relevancia en el circuito ortopédico».

El juez ha archivado también la causa para una decena de empleados de Traiber -técnicos, operarios, secretarias, ingenieros y una directora comercial-, al concluir que ninguno de ellos tenía «capacidad real en la toma de decisiones en la empresa» y por la falta de indicios que conocieran «la dinámica delictiva» que había puesto en marcha la compañía para «falsificar etiquetas y redistribuir prótesis en mal estado».

Por el contrario, la causa se mantiene abierta contra tres responsables de la compañía, entre ellos dos coordinadores técnicos y un secretario de dirección, así como contra una decena de médicos sobre los que siguen «vigentes» los indicios que presuntamente los relacionan con la trama corrupta.

En su acto, el juez carga contra los escritos que las defensas de algunos de los médicos imputados le dirigieron para pedirle que archivara la causa contra ellos, de acuerdo con su «prestigio» profesional.

«Un juez nunca tiene que tomar estas decisiones basándose en conceptos tan etéreos (y de tan poca justicia material) como el prestigio de uno investigado, porque todos y cada uno de los investigados que pasan por el juzgado (y por todos los del territorio nacional) tienen el mismo prestigio», proclama el magistrado.

En esta línea, el juez apunta en su acto que «espera que los médicos que han solicitado el sobreseimiento para|por cuestiones de prestigio y reputación no distingan a sus pacientes por estas mismas razones de prestigio y reputación y los traten en todos por igual».

Con respecto a las críticas de las defensas por el tiempo en que la causa ha sido paralizada, el juez lamenta que «el macroproceso Innova ha venido definiendo la realidad» de su juzgado y «hipotecado su normal funcionamiento».

En este sentido, recuerda el magistrado que desde febrero del 2017 no tiene refuerzo, «ante la escasez recalcitrante de recursos para la administración de justicia», y se queja que, además de la causa de Innova, tiene entre manos 545 diligencias más en trámite, así como 89 juicios de delitos leves