El TCU cancela la fianza de 3 MEUR de los exconsellers por Shirota

El Tribunal de Cuentas (TCU) ha acordado, en un decreto emitido por el Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento con fecha del 14 de marzo y en que ha tenido acceso el Diari Més, cancelar la carta en concepto de fianza de 3.381.661 euros que va haber de depositado la aseguradora de la antigua Innova por los excargos políticos entonces investigados, al inicio del procedimiento contable vinculado al aval de Shirota, en el 2014. La cifra de la fianza se corresponde con la cantidad del mismo aval en la empresa, y había sido adelantada provisionalmente por AIG Europe Limited para cubrir la actuación de los cargos electos a la espera de aclarar si el juez apreciaba o no mala gestión.

Este es el paso posterior a la sentencia del TCU del pasado 3 de mayo del 2017 que desestimaba la demanda del Ayuntamiento y de Reus Serveis Municipals contra siete excargos del tripartito reusense y exculpaba así al exalcalde Lluís Miquel Pérez, Josep Morató, Eduard Ortiz y Álex Martínez (PSC), Jordi Bergadà i Empar Pont (ERC) y el ecosocialista Daniel Pi (ICV), todos ellos miembros del consejo de administración del holding Innova que, en marzo del 2007, votaron a favor de la participación de este a la nueva entidad publicoprivada Shirota. Sucede, también, la disolución de la misma Shirota.

No ve actividades impropias

Después de no determinar sobre ninguno de ellos responsabilidad contable, el Tribunal de Cuentas ha ordenado ahora la cancelación de la fianza, que tenía forma de «carta de aval» avanzadilla por parte de la aseguradora, por valor de estos 3,4 millones de euros. Tal como queda detallado al mismo documento, el Ayuntamiento y Reus Serveis Municipals habían solicitado que se mantuviera la cantidad hasta el completo pago de las costas, un extremo que no se materializará al corresponder al consistorio y no a los exconcejales ni al exalcalde este pago.

Los siete exculpados aprobaron avalar con 3,4 millones de euros a la sociedad mixta de investigación nutricional Shirota, aunque Innova tenía el 48% de la empresa y por lo tanto, no era el socio mayoritario. En 2012, Shirota no pudo hacer frente a sus obligaciones financieras, el aval se ejecutó y el Ayuntamiento de Reus –que estaba gobernado entonces por CiU y PP- tuvo que pedir un crédito e inició la liquidación de Shirota. La sentencia no aprecia responsabilidad contable de los consellers porque la junta general, que era el pleno, los había facultado para pedir créditos, por lo cual «no se puede considerar actuaciones impropias de una sociedad holding como Innova».

La finalización del concurso

El juzgado mercantil número 1 de Tarragona ha acordado la conclusión, a través de un auto con fecha del 18 de octubre del 2017 y publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) este 17 de febrero, del concurso de acreedores de Shirota. La publicación del trámite en el BOE significó, tal como apuntaban fuentes municipales hace un par de meses, la disolución final de la sociedad. Según detallaban las mismas fuentes, los pagos prioritarios se han satisfecho y Reus Serveis Municipals ya fue informada de la situación al momento de producirse. La maquinaria de la empresa de investigación alimenticia fue subastada, a marzo del 2014 y al mismo juzgado mercantil de Tarragona, y se adjudicó a una filial del grupo reusense Pintaluba por un total de 50.000 euros.

Retroactividad de la cobertura

Reus Serveis Municipals sacó a concurso en 2016, en respuesta al compromiso de convocar un procedimiento abierto, el contrato por el seguro de responsabilidad civil que cubre los riesgos de actuación de los administradores, directivos y gestores de las sociedades municipales depenents del Ayuntamiento de Reus. Después de diferentes licitaciones desiertas, el contrato volvió a quedar en manos de la misma empresa, finalmente resuelto con un procedimiento negociado sin publicidad a que fueron invitadas un total de cuatro compañías. Reus Serveis Municipals valoraba en aquel momento especialmente la ampliación de las coberturas y la inclusión de la retroactividad, que en el caso de la propuesta de AIG Europe Limited era ilimitada. La retroactividad desde el 2014 era obligatoria para acceder al contrato por este seguro de responsabilidad civil.