El Sant Joan no recurre y abonará a la plantilla 2,3 millones de las DPO 2016

El Hospital Sant Joan de Reus ha confirmado al Comité de Empresa que no recurrirá la sentencia, emitida a mediados de abril, que reconocía el derecho de la plantilla a cobrar las retribuciones variables por objetivos (DPO) correspondientes al ejercicio 2016 y que abonará, por lo tanto, el 100% del importe a los trabajadores. Así lo ha comunicado el propio Comité a los empleados, pendientes ahora sólo de conocer el detalle de las fechas en que recibirán el ingreso por|para este concepto el cual se tendría que haber hecho efectivo, según recoge la misma resolución, en marzo del 2017. La cifra, en el suyo global, se sube a los 2,3 millones de euros. El centro concluyó el ejercicio 2016 con 8,4 millones de euros de déficit e interpretaba el desequilibrio económico como motivo de exención en el pago de las DPO. El personal estaría también a la espera de la decisión sobre el 50% de las DPO del 2015, que igualmente no ha cobrado.

El pronunciamiento del juez tiene ahora el mismo sentido que el laudo de trabajo que, el agosto pasado, desestimó la pretensión de la empresa de no pagar. La situación, en principio, no podrá repetirse con las DPO del 2017, después de que una cláusula incluida en el nuevo convenio laboral 2017-2019 contemple la supresión de estas retribuciones en situación de déficit. El ejercicio 2017 el centro lo cerró con un desequilibrio de hasta 3,2 millones, que lo invierte|vierte a la tercera causa de disolución consecutiva. La primera la removió el Ayuntamiento con la inyección económica de 4 millones provenientes de fondo de reserva de Gecohsa. La segunda se resolvió con una reducción de capital social de 3,5 millones de euros y una aportación en terrenos por valor de cerca de’ 1,3 millones. El gobierno reusense sopesa ahora «todas las opciones» para alcanzar el mismo objetivo, a la espera de la constitución de un consorcio con el CatSalut que, en el acuerdo de intenciones por|para su creación, contemplaba asumir el déficit, pero que no llega. El 23 de marzo se inició la cuenta atrás de dos meses para encontrar la fórmula.

Retrasos del 2017

También a principios de marzo, los trabajadores percibieron del 85 al 90% del importe de los atrasos|retrasos vinculados al incremento del 1% en la nómina y en el complemento de adscripción SIP de los grupos 3 a 5, fijados en la aprobación del convenio laboral 2017-2019. Las cantidades se remontaban en el 2017, ya que el documento, que se firmó el 4 de diciembre, tenía carácter retroactivo. Fuentes del centro sanitario confirmaban entonces al Diari Més que el pago se hará en dos series, y que la parte restante de estos conceptos se ingresará a junio. Este, a pesar de que menor, era uno de los puntos por los cuales los trabajadores apremiaban al Hospital a redactar el convenio, que confirmaba un preacuerdo de julio del año pasado, tendrá dos de vigencia y sacó adelante a pesar de las discrepancias de SATSE y la CGT.

El paso del preacuerdo en el convenio laboral 2017-2019 necesitó tres prórrogas de la ultra actividad y cinco meses de negociaciones hasta consumarse. Preserva para el colectivo un texto propio, el principal objetivo que perseguía al Comité de Empresa desde el inicio de las conversaciones. Y mantiene el grueso de las condiciones que se habían fijado en el redactado inicial: la actualización de salarios en el límite que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el personal del sector público, el acceso al nivel D de carrera profesional que había quedado anteriormente congelado y la vinculación del pago de las retribuciones por objetivos (DPO) –en el borrador, sólo para los años 2017 y 2018, y finalmente, por|para la totalidad de la vigencia del convenio– a los resultados económicos que registre el centro. La vigencia es desde el 1 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2019 con seis meses de además de actividad.