El cierre de cuentas del Sant Joan vierte dudas sobre el futuro

El informe de auditoría de las cuentas anuales 2017 del Hospital Sant Joan, redactado por una consultoría externa, recoge la consideración que «existe una incertidumbre sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en funcionamiento» a consecuencia de «la situación de pérdidas continuadas, junto con la situación patrimonial» que se constata. El documento, que repasa el detalle de la cuestión económica en 31 de diciembre del año pasado y tiene fecha de este abril, explicita que el Sant Joan «ha incurrido en pérdidas repetidas en los últimos ejercicios debido a un incremento progresivo de los gastos en términos generales y un cambio en el sistema de pago que, a diferencia del anterior modelo, vincula ingreso a actividad». Y que «en los ejercicios anteriores se han puesto en marcha una serie de medidas que, si bien han mitigado las pérdidas, no han conseguido enderezarlas».

En esta línea, el informe hace referencia al hecho de que «unos mayores ingresos, una mayor adecuación con el contrato con el Servei Català de la Salut, un nuevo convenio laboral y reducción de otros gastos de explotación no han sido suficientes». Y recuerda que «al mismo tiempo, el socio único –el Ayuntamiento de Reus– ha realizado dos aportaciones a los fondos propios y ha acordado una reducción de capital, con el objetivo de reequilibrar la situación patrimonial,» pero que «las pérdidas de este ejercicio –en el 2017– han evitado la consecución del objetivo».

El «factor mitigando», el consorcio

El principio de empresa en funcionamiento se corresponde con un concepto contable que supone que la gestión de una empresa seguirá durando un periodo más o menos largo, al menos doce meses más, desde la última formulación de las cuentas. Sobre este apartado, la documentación concreta la «existencia de una incertidumbre material» que «puede generar dudas significativas» en relación en el mismo punto.

«El factor mitigando de esta situación» complicada, según añade el informe, «es la existencia de negociaciones con el Servei Català de la Salut por la cesión de la actividad principal a otra entidad, hecho que implicaría también la cesión de los activos y pasivos que se acuerde transferir y la subrogación del personal». Es decir, la constitución y puesta en marcha del consorcio con el CatSalut, del cual sólo ha ahora blanco sobre negro un protocolo de intenciones firmado a finales del 2017 y con tres años de vigencia. Consumar la operación, prevé la auditoría de cuentas, «implicaría que se detuviera la incursión en pérdidas, dado que las mismas provienen de esta actividad».

«Los administradores, una vez realizada la cesión, y considerando los elementos patrimoniales que queden bajo el balance de la sociedad con posterioridad en la misma, tomarán en consideración las medidas adecuadas para continuar con las actividades remanentes», concluye el balance, que también recoge que la activación de un consorcio «podría tener efecto sobre el valor de algunos elementos patrimoniales actualmente reconocidos al balance de situación, en caso de que no fueran traspasados al nuevo ente».