Sancionan dos empresas en Reus por vulneración de derechos lingüísticos

La Agència Catalana del Consum impuso, el año 2017, dos sanciones a empresas con actividad en Reus relacionadas con infracciones por vulneración de los derechos lingüísticos. En detalle, las infracciones tienen que ver, tal como precisa el gobierno catalán en la respuesta a una pregunta parlamentaria del grupo de Ciutadans, con el artículo 331-6 del Código de consumo de Cataluña. La norma tipifica como infracción esta vulneración. Y, entre los derechos lingüísticos, recoge que «las personas consumidoras, en las relaciones de consumo, tienen derecho, de acuerdo con lo que establecen el Estatuto de autonomía y la legislación aplicable en materia lingüística, a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan».

El Código de consumo de Cataluña prevé que los clientes tienen derecho «a recibir en catalán» diferentes informaciones vinculadas a su condición como «las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas y los otros documentos que hagan referencia o que deriven». También «las informaciones necesarias para el consumo, el uso y el manejo adecuados de los bienes y servicios, de acuerdo con las características, con independencia del medio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos obligatorios relacionados directamente con la salvaguardia de la salud y la seguridad».

Sobre «los contratos de adhesión, los contratos con cláusulas tipos, los normados, las condiciones generales y la documentación que haga referencia o que derive de la realización de alguno de estos contratos», los consumidores tienen el mismo derecho.

Unos 150 euros cada multa

En concreto, las dos sanciones en Reus fueron, según precisa la misma respuesta, de 150 euros cada una. Son las únicas que se impusieron en la demarcación en el 2017, además de una de tercera en Cambrils. En Cataluña, en el mismo año, la Agència Catalana del Consum tramitó 57. En el 2016, hubo otra en Tarragona y, en el 2015, una en Salou. Torredembarra registró una en el 2014 y Tarragona, otra. En total, y desde el 2013, en la provincia se ha puesto en marcha 7 procedimientos sancionadores. En el global del territorio, y en este mismo periodo, han sido 292.

La cifra recaudada a través de multas que se impusieron por vulneración de derechos lingüísticos en los últimos cinco años asciende a 241.000 euros. El año que dejó una cifra superior fue el 2016, con 78.000 euros ingresados por sanciones de este tipo.