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Policial

«Falta de seguridad» y «acceso libre» en la comisaría de la Guardia Urbana de Reus

Miembros del cuerpo dirigen a los grupos municipales un escrito de denuncia que reclama más agentes en la calle en lugar de «hacer de carteros»

Una imagen de archivo del cuartel de la policía local.

«Falta de seguridad» y «acceso libre» en la comisaría de la Guardia Urbana de ReusOlívia Molet

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La «falta total de seguridad en la comisaría», «posibles fraudes a las oposiciones» convocadas para ocupar diferentes plazas en el cuerpo y «problemáticas con el jefe interino» centran una carta de denuncia de la Guardia Urbana de Reus dirigida en los grupos municipales, y que también ha recibido el Diari Més, donde al menos un sector de la policía local interpela directamente al alcalde, Carles Pellicer, para manifestar el malestar en diferentes ámbitos. El escrito, enviado por correo ordinario sin remitente, que lleva al encabezamiento el escudo con la imagen corporativa del Ayuntamiento de Reus y el logotipo de la Guardia Urbana, tiene el mismo aspecto que uno de primero que se hizo circular en mayo del 2017. Como en aquella ocasión, fuentes municipales precisan que el gobierno no da credibilidad a ningún documento anónimo, y tampoco se pronuncia al respecto.

La carta, de 12 páginas y que no está firmada, detalla que en la comisaría de Reus «no hay medios físicos instalados al perímetro» para «impedir el acceso libre de cualquier persona» con «un objeto peligroso, arma blanca o de fuego, y no ser detectada», y que «existe un circuito cerrado de cámaras» que «no controlan todos los ángulos, están mal enfocadas y no están visualizadas permanentemente».

«El acceso al parking exterior y la entrada en el cuartel de policía es prácticamente libre, no hay ningún tipo de valla», dice el texto, que añade que eso permite «acceder a los transformadores, contadores de luz exteriores y puertas posteriores de entrada en las instalaciones». El documento también asegura que, en las dependencias policiales, «no hay ninguna mampara homologada de protección donde los agentes cubren el servicio de atención al público» y que estos «pueden sufrir agresiones de importancia». Y recuerda el reciente episodio de Cornellà, ocurrido este agosto.

«Exceso de documentación»

Más allá de la seguridad, la misiva recoge la queja que la Guardia Urbana «realiza funciones donde genera un exceso de documentación a llenar y que hay que notificar, entregar, repartir», como «notificaciones judiciales, informes de comprobación de padrones municipales, informes de protección a las víctimas,» y que esta actividad «resta presencia policial a la calle» donde «como mínimo tendríamos que ser 200 por el radio de población que reside en Reus y no llegamos ni a 150». La carta denuncia que el cuerpo dedica mucho tiempo «a hacer de carteros».

El mismo escrito pregunta «¿Porqué en la Guardia Urbana no se pueden tener las mismas herramientas que tienen en la comisaría de Mossos D'Esquadra de Reus? ¿No somos policías? ¿No tenemos derecho»?» y dice que la policía catalana tiene «medidas de seguridad en la puerta de acceso», «un detector de metales» y una «mampara homologada de protección». El documento denuncia igualmente que «no hay protocolos de identificación mínima de las personas que visitan la comisaría de la Guardia Urbana». Desde el suceso en Cornellà, dice, «un agente vigila 24 horas» las dependencias y deja de hacer «funciones de calle u oficinas». Con respecto a las comisarías de proximidad, «el servicio lo realiza un solo agente, el cual está expuesto a un riesgo muy grave si se produce cualquier ataque contra su integridad».

El documento cuestiona el sistema de convocatoria de las oposiciones, donde denuncia «prácticas arbitrarias» a la vez que habla de «bases confeccionadas a medida por aspirantes recomendados». Y carga contra el jefe de la policía, de la cual dice que es una persona «mal formada y sin mentalidad policial». También pregunta al alcalde «quién fue el responsable» de «lesiones en las manos a dos agentes» en el Mercadal por Sant Pere y pregunta si «tiene intereses particulares» en el edificio de Joan Coromines, que «es privado» y estuvo vigilado 24 horas, 6 meses, cuándo estaba ocupado de manera ilegal. Insta a los grupos municipales, en último término, a llevar el documento al pleno y preguntar por la situación del cuerpo policial.

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