Reclaman abrir al alquiler las casas vacías del Parc de Carreteres

El Síndic de Greuges de Cataluña ha intervenido para pedir al Departament de Territori información sobre la situación de las viviendas junto a la carretera de Alcolea y que se encuentran vinculadas en el Parc de Conservació de Carreteres de Reus. La actuación viene motivada por la queja de un trabajador del centro, gestionado por la Generalitat, que pide acceder en alquiler a una de estas casas. En total, hay en torno a 35 donde tendrían posibilidad de vivir tanto miembros de la plantilla en activo como jubilados o familiares de primer grado, según el convenio que regula los derechos de uso de viviendas a los parques de conservación de carreteras. La mayoría de las construcciones están ahora habitadas, pero no todas. En el Parc de Carreterrs de Reus trabajan una veintena de personas.

El empleado ha trasladado a la institución su convicción de que «siete u ocho» de estas casas están ahora vacías y que «no requerirían grandes gastos para poder adecuarlas», tal como recoge la resolución del Síndic, que es pública. Reclama poder hacer uso de ellas. Sin embargo, el Incasòl, que es el gestor, no lo concede y apunta que será «después del proceso de regularización de los empleos que se está llevando a cabo» cuando «decida el destino de las viviendas que resulten libres de ocupantes». El trámite, tal como precisa el mismo documento, «podría finalizar a mediados del año 2021». El hombre pide que se dé salida a «su petición de ocupación en régimen de alquiler, como trabajador en activo vinculado laboralmente al parque, en relación en las viviendas actualmente disponibles porque no están sujetos a ningún proceso de regulación».

Hasta mediados del 2021

El proceso tiene que ver con uno de los puntos del convenio que permite a los empleados vivir en estas casas. Ante una segunda solicitud, tal como concreta igualmente la resolución del Síndic, el Incasòl insiste en que «no estará en disposición de poder decidir el destino de las viviendas» hasta «después del proceso de regularización», que puede quedar finalizado a partir del 2021. El Síndic, a su vez, detalla que «parece que también se quiere vincular el proceso de regularización a otras cuestiones que no constan recogidas en el convenio, como la instalación de contadores individuales de agua, los arreglos puntuales de fachadas o la reurbanización de los espacios públicos». «Cuestiones», estas, «que, a opinión del Síndic, no afectan a la posibilidad de ocupar una vivienda vacía».

La fecha de inicio del expediente es este mes de mayo del 2018 y el último movimiento se produjo en julio, cuando el Síndic se dirigió a Territori para recordar que la resolución estaba pendiente de aceptación por parte del Departament.

El Síndic valora que «hace falta que se instruya el procedimiento correspondiente en que, teniendo en cuenta todas estas observaciones, se resuelva expresamente la solicitud del promotor de la queja». Y deja constancia que «al margen de este recordatorio respecto de la obligación de dictar la resolución debidamente motivada», el Síndic pide al Departament de Territori que informe sobre la situación de las viviendas situadas en el Parc de Conservació de Carreteres de Reus y, en concreto, sobre si hay viviendas libres de ocupantes en el Parc de Reus y si reúnen los requisitos de habitabilidad exigidos». En el supuesto de que no los reúnan, «el Síndic le pide que indique cuáles incumple y cuál es la previsión para llevar a cabo los arreglos necesarios para que puedan ser habitados». Territori no ha contestado.