Los juzgados de Reus han ejecutado más de 500 desahucios el último año

El grupo municipal de la CUP reclama la aplicación del Plan Local de Vivienda (2014-2021), «que tiene 81 páginas y todavía no se ha empezado a desplegar», asegura que el gobierno reusense ha dejado de perseguir las entidades bancarias que cuentan con 677 pisos vacíos en la ciudad y no los ceden, apunta que el municipio necesita entre 4.000 y 7.500 públicos cuando sólo tiene 160 y exige reprender la Comisión Especial de Políticas de la Vivienda, la cual «no se reúne desde hace un año», en convocatoria extraordinaria.

El concejal cupaire Edgar Fernández apuntaba ayer en rueda de prensa que «en los juzgados de Reus, el año pasado, se ejecutaron 502 desahucios por impago del alquiler o la hipoteca» y lamentaba que «el gobierno no aplica las leyes vigentes». Reus cuenta hoy con unas 50.000 viviendas para más de 100.000 habitantes. La formación pide una revisión del cumplimiento de los objetivos del Plan Local de Vivienda y reactivar las sanciones económicas a los grandes tenedores de pisos que no facilitan el alquiler.

Terraza y los de protección oficial

En el mismo sentido, Fernández aseguraba que el gobierno se acoge a una sentencia dictada en Terrassa y que falla a favor de los bancos por haber dejado de exigirlos la cesión de pisos vacíos. Los pisos vacíos, puntualizaba el concejal, son aquellos que durante dos años no han sido habitados ni tampoco se están ofreciendo en venta. De los 677 que se ajustan a estos criterios y que se encuentran en manos de una entidad bancaria, y con datos del 2017, sólo se han ofrecido 43 en la Mesa de Emergencia. Estos últimos, sin embargo, sólo se ocupan cuando se da un proceso de desahucio con fecha. A principios de año, el Ayuntamiento hizo público el ingreso de unos 500.000 euros en multas coercitivas en bancos para mantener pisos vacíos y cerrados. Fuentes municipales respondían ayer a las declaraciones de la CUP y, precisaban, sobre este dato, que el de Reus es «uno de los ayuntamientos de Catalunya que más ha ingresado en este concepto». Decían que «la sentencia contraria al Ayuntamiento de Terrassa y las leyes recurridas al Tribunal Constitucional definen un nuevo marco legislativo que da poco margen a mantener la línea de trabajo que el Ayuntamiento mantenía hasta ahora. Cuando el Ayuntamiento de Reus ha podido imponer sanciones lo ha hecho».

«La nueva línea de trabajo puesta en marcha da continuidad en el trabajo hecho. El objetivo no ha sido sólo ingresar los importes de las sanciones, sino dinamizar el parque de pisos vacíos de las entidades bancarias: cesión de viviendas, rehabilitaciones, etc», añadían las mismas fuentes. La CUP valora que la mayor parte de procesos judiciales contra bancos están obteniendo un resultado positivo para los ayuntamientos y que se tiene que actuar.

La CUP también ponía de relieve que la ocupación de la vivienda pública en la ciudad ha llegado al 100% y se preguntaba «por qué el concejal Marc Arza felicita a los técnicos por eso y no piensa qué harán ahora las personas que también necesitan uno de estos pisos». Reus tiene cuatro parques de vivienda pública, con 160 pisos. De estos, 115 son VPO (vivienda de protección oficial) y otros 45 BVA (de bolsa de vivienda asequible). Para acceder hay que tener unos ingresos de entre 9.000 y 40.000 euros. Fernández precisaba que «Reus es una zona de alta demanda residencial» y que «tendría que disponer de entre 4.000 y 7.500 viviendas públicas, una cifra que dista mucho de los 160 actuales».

La radiografía de la CUP no deja de lado el papel de la oficina de la vivienda de Reus. Sobre esta, el concejal explicaba que «ante la imposibilidad de pagos de recibos del alquiler, no puede actuar. Se precisa una denuncia y orden de desahucios con fecha de lanzamiento, judicializando y poniendo en riesgo factores tan delicados como la tutela de los propios hijos». Y que «la división de competencias entre Vivienda y Bienestar Social» obliga a las personas solicitantes de algún tipo de apoyo a ir de un lugar al otro. Fernández criticaba también que las políticas sociales relacionadas con la vivienda «obvian en su mayoría a las personas más necesitadas». Y decía que «para acceder a cualquier cosa tienes que acreditar unos ingresos que, a veces, hay personas que no pueden acreditar. Eso es perverso».