Europa mantiene activa la investigación por las ayudas a Ryanair iniciada en el 2013

La investigación puesta en marcha por la Comisión Europea (CE) en el 2013 y que analiza la legalidad de acuerdos tomados entre la Generalitat y aerolíneas que operaban en Reus, principalmente Ryanair, y también de las ayudas económicas que estos implicaban, continúa hoy abierta y pendiente de resolución. Cinco años después, fuentes de la CE explican al Diari Més que este margen de tiempo «no es excesivo» y que viene dado para tratarse de un «caso complejo». En la misma situación se encuentra un proceso, prácticamente idéntico, iniciado sobre el Aeroport de Girona que Bruselas activó también entonces.

Desde la CE precisan que «la Comisión tiene abiertas investigaciones sobre ayudas a aerolíneas en aeropuertos regionales en varios países de la UE» y que «en todos ellos se está investigando si estas ayudas públicas cumplen la normativa de la UE con respecto a ayudas de Estado». Los más recientes afectan aeródromos alemanes y franceses.

La del Aeroport de Reus, tal como recoge la documentación facilitada por la CE, tiene sus orígenes en una doble denuncia. Una fue realizada por «un ciudadano particular» que alegaba «un acuerdo entre la Generalitat y otras autoridades públicas para conceder 45 millones de euros a Ryanair a fin de que siguiera operando» en el territorio «en el periodo 2012-2017», y se basaba en un artículo de prensa. La otra denuncia la impulsó «una compañía aérea competidora usuaria del Aeroport de Barcelona» y que «denunciaba la concesión de ayudas para subvencionar las actividades de Ryanair» en Reus y Girona, también fundamentada en diferentes piezas en medios de comunicación.

Acuerdos con entidades

Al caso de Reus se revisa si los acuerdos con entidades públicas incurrirían o no en ilegalidades para otorgar ventajas indebidas a una aerolínea y si podrían, así, vulnerar normas comunitarias, con el fin de mantener el volumen de actividad aeroportuaria. La documentación concreta la evolución de los pasajeros en el equipamiento de la capital del Baix Camp en aquel periodo y el porcentaje de viajeros que volaban con Ryanair: un 91,3% en el 2011. Y detalla los acuerdos de comercialización en relación con el Aeroport de Reus para el tramo 2008-2011. Uno de ellos, firmado por Generalitat, Diputación, Ayuntamiento de Reus y Cámara, y que fue reemplazado por uno de nuevo en noviembre del 2010, contemplaba presencia de logotipos en la web de Ryanair, artículos en las revistas que se dispensan en los aviones de la compañía, rotulación de publicidad en los aviones, uso de la lengua catalana en los anuncios que se realizan en la cabina y compromisos por temporada sobre frecuencias y número de aviones con base en el Aeroport, siempre según la documentación facilitada por la CE. No aparecen cantidades económicas. Bruselas también requirió copias de «acuerdos que pudieron haber sido firmados» con Jet2 y Tui.

Con todo, la CE «tiene que estudiar si las medidas de apoyo a la comercialización pueden considerarse ayudas estatales a favor de las compañías aéreas y, además, alternativamente, a favor de los aeropuertos de Reus y Girona». La documentación apunta que «España –probablemente en referencia a la Generalitat– opina que ni Ryanair ni otras líneas aéreas» que utilizan estos aeródromos, así como los mismos aeropuertos «no se beneficiaron de ayudas estatales» y que «el objetivo principal de los acuerdos de comercialización» no era otro que «fomentar el desarrollo económico y turístico de Cataluña». Por eso, «no puede deducirse que su objetivo sea alguna cosa más que la promoción turística de Cataluña».

La Generalitat lo negó

Tanto la Generalitat como Ryanair negaron, al producirse la apertura de la investigación, cualquier ilegalidad en estos vínculos y el gobierno catalán descartó haber firmado nunca un contrato con ninguna compañía, sino acuerdos de promoción turística. La CE valora, a su vez, que estos acuerdos «parecen otorgar una ventaja específica a un operador aeroportuario». Y recuerda que la normativa «prevé que toda ayuda concedida ilegalmente podrá recuperarse de su beneficiario».

Fuentes de la CE explican que, durante estos cinco años, «se ha estado pidiendo documentación» a las partes implicadas y también «analizándola» en el marco de la investigación, que «avanza dentro de la normalidad» y sin una fecha límite para la resolución.