La prórroga de presupuestos implica todas las empresas municipales

El gobierno de Reus anunció este lunes la decisión, dictada por la alcaldía que encarna Carles Pellicer, de prorrogar los presupuestos municipales de cara al 2019 y la congelación, por cuarto año consecutivo, de las ordenanzas fiscales. Ambos apartados entrarán en vigor a partir del 1 de enero y lo harán de manera automática. El paso arrastra también, tal como precisan fuentes del Ayuntamiento, las empresas municipales, cuyas cuentas quedarán prorrogadas en cascada por la situación del presupuesto consolidado. CUP, PSC, Cs y PP criticaron la «pérdida total de capacidad negociadora» del gobierno coincidiendo con la comparecencia de prensa donde el concejal de Hacienda, Joaquim Enrech, hacía público al principio de semana el nuevo panorama y precisaba que, a la hora de dibujarlo, no se había abierto diálogo con la oposición «para no perder tiempo y no hacerlo perder a nadie». El mismo día, PSC, Cs y PP iniciaron contactos más o menos informales para buscar una fórmula que permitiera esquivar el gobierno y aplicar modificaciones en las cuentas.

Los grupos en la oposición son muy conscientes de que llegar a algún acuerdo en este sentido es difícil y que, por falta de margen, no resultará posible sacar adelante ningún trámite de cara al próximo pleno, programado para el día 5 de noviembre, pero no renuncian a sondear la opción. Incluso la CUP, que centra ahora su acción en la campaña de calle para informar sobre las ordenanzas fiscales a la ciudadanía, mantiene abierta la puerta a sopesar algún planteamiento si este llegara a tomar solidez.

El mecanismo posible lo avanzaba ayer, desde la sede de la plaza del Castell, al portavoz socialista Andreu Martín: la propuesta de acuerdo. El sistema es ciertamente complejo pero sí que deja espacio a determinadas oportunidades a la hora de realizar modificaciones puntuales sobre los presupuestos y sobre cuestiones menores a las ordenanzas. En la activación de estas llamadas iniciales y del incipiente diálogo habría tenido mucho que ver, con todo, el grupo municipal popular.

El ROM contempla esta herramienta

En detalle, el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) prevé que la propuesta de acuerdo tiene que plantearse por escrito a través del Registro General de la Corporación. Necesita, además, estar avalada por un mínimo de tres concejales o por un grupo político municipal. Y tiene que tener el objeto proponer al pleno la adopción de algún acuerdo en relación a un asunto de competencia municipal cuando no tenga carácter de acto de control ni, consecuentemente, tenga que formar parte del capítulo de control del orden del día. La propuesta de acuerdo tiene que ser abordada previamente en comisión informativa y recibir luz verde de la intervención y la secretaría para, a partir de aquí, ser trasladada a una sesión plenaria donde su contenido se vote. El encargado de convocar las comisiones informativas es el concejal de Hacienda y Recursos Generales, Joaquim Enrech. Si se aprueba al pleno, sin embargo, la ejecución es inmediata y el gobierno no interviene. Las propuestas de acuerdo son ilimitadas y se pueden llevar a comisión informativa tantas como los grupos municipales quieran.

Aparte del procedimiento enrevesado de este mecanismo, su efecto con respecto a las ordenanzas fiscales es real pero acondicionado. Las ordenanzas de mayor envergadura y vinculación anual, como el IBI, sólo podrían vivir variaciones antes del 1 de enero. El acuerdo entre los grupos se encuentra, pues, en cuenta atrás. Si no fuera así y, por ejemplo, de algún cambio a una ordenanza se desprendiera un aumento de ingresos por este concepto a las arcas municipales, no se podría disponer libremente del dinero sino que se acumularían en el remanente del 2019 y tendrían que invertirse como tal, con las restricciones que eso supone.

Con respecto a los presupuestos, las propuestas de acuerdo servirían para efectuar modificaciones puntuales a las cuentas, todo y que en ningún caso para elaborar unos nuevos. A la hora de plantearlas, además, es necesario pactar tanto la partida que se reduce como la que, con los fondos que se retiran de esta, se quiere aumentar, y recibir el «sí» de intervención.