Las conversaciones de la oposición para forzar cambios en las ordenanzas, en vía muerta

La propuesta de acuerdo ha dejado de ser un mecanismo que la oposición valore para forzar cambios en las ordenanzas fiscales y los presupuestos municipales, que quedarán prorrogados de cara al 2019 sin ninguna negociación por decisión del gobierno de Reus. PP, Cs y PSC renuncian a esta posibilidad después de una única toma de contacto para sondearla y también cerca, dicen, de la dificultad del pleno del 5 de noviembre, originada por la detención de Mariona Quadrada y que acabó con los concejales de la CUP abandonando sus escaños. El grupo cupaire, de hecho, no habría llegado a ser llamado a participar en las conversaciones por la rapidez con que estas se han desvanecido. Al menos en un principio, sin embargo, la formación no cerraba la puerta a alguna acción en este sentido. Sebastià Domènech, portavoz del grupo municipal del PP y que lideró la búsqueda de un acuerdo para aplicar modificaciones a impuestos y cuentas, explica al Diari Més que «la idea era ir en bloque, plantear alternativas con el apoyo de todos porque toda la oposición se sintió maltratada» sin embargo «la cosa se ha enfriado mucho y, con la disputa entre CUP y Cs, ya es imposible».

El portavoz del grupo municipal de Cs, Juan Carlos Sánchez, precisa que «simplemente hubo un contacto, una llamada para explorar las posibilidades, pero no nos hemos emplazado ni una vez para mirar si podíamos llegar a algún punto de acuerdo ni sobre qué». «Entendemos que es muy difícil», añade Sánchez, «porque necesitaríamos la colaboración de la CUP». Por su parte, y al frente del PSC, Andreu Martín precisa que «no ha habido ningún avance» y que «tal como fue el último pleno, todos nos quedamos un poco fríos y no hemos encontrado ocasión para reanudar un debate». «La suma necesaria pasa por que la CUP esté implicada y, realmente, con lo que pasó el otro día, no lo vemos», añade el portavoz socialista, que dice que «eso es lo más razonable de pensar, como mínimo a corto plazo. Una vez pase el tiempo, entonces habrá que verlo. Pero, ahora mismo, está descartado».

Los presupuestos se prorrogan

El Reglamento Orgánico Municipal (ROM) prevé que una propuesta de acuerdo necesita el aval de un mínimo de tres concejales o un grupo político municipal para empezar a tramitarse. Tiene que ser abordada en comisión informativa y recibir luz verde de la intervención y la secretaría para, a partir de aquí, ser trasladada a una sesión plenaria donde su contenido se vote. El encargado de convocar las comisiones informativas es el concejal de Hacienda, Joaquim Enrech. Si se aprueba en el pleno, la ejecución es inmediata y el gobierno no interviene. Las propuestas de acuerdo son ilimitadas y se pueden llevar a comisión tantas como los grupos quieran. Por eso, el mecanismo era lo único que podría haber permitido la oposición esquivar el gobierno y hacer cambios a ciertas ordenanzas o a los presupuestos.

PP, Cs y PSC critican que el gobierno haya utilizado en los dos ejercicios anteriores el recurso de la cuestión de confianza vinculada a las cuentas «de una forma totalmente calculada» por haberlos aprobado y «salvar la situación». La ley electoral limita las cuestiones de confianza a un máximo de dos por mandato y alcalde, ya consumidas, y, por lo tanto, descartaba esta opción para Pellicer de cara al 2019. La última vez que el gobierno aprobó unos presupuestos a través de una votación, dentro de este mandato, fue en el 2016. Martín valora esta como «una versión de low cost político a la hora de gestionar un gobierno» y dice que «no se trata de dejar de buscar consensos». Las prórrogas «no son ningún mérito sino un desastre», añade.