Gas natural intenta esquivar en el juzgado la multa por la abuela fallecida

Gas natural no ha pagado todavía la sanción de 500.000 euros que la Generalitat le impuso por haber cortado el suministro a la mujer de 81 años que, en el 2016, murió en un incendio en su casa originado por las velas con que se iluminaba. Ayer, 14 de noviembre, se cumplieron dos años del suceso. Fuentes del Departamento de Empresa explican a Diari Més que el recurso que la compañía presentó en la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para esquivar la sanción «continúa adelante con sus trámites».

La multa la aplicó el Departamento de Empresa por el hecho de que Gas Natural hubiera ejecutado el corte «sin solicitar previamente ningún informe a los servicios sociales». La mujer vivía en la calle de Santa Anna, en Reus, y había dejado de pagar facturas por valor únicamente de unos 246 euros.

La compañía optó por acudir al TSJC después de que, a finales del 2017, el entonces conseller Santi Vila hubiera desestimado un recurso de reposición presentado ante la decisión de la Agencia Catalana del Consumo de sacar adelante la sanción, al desenlace de un expediente abierto al momento de los hechos.

La cifra de 500.000 euros, y la propia sanción, venía dada porque el expediente de la Agencia Catalana del Consumo considera una infracción grave el corte al suministro sin haber pedido antes al Ayuntamiento de Reus un informe sobre la situación de la abuela «con el fin de determinar si la persona o la unidad familiar se encontraba en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial». Gas natural lo había dejado sin luz por una deuda de tres recibos pendientes. La calificación, con respecto a los hechos, de graves, la Agencia Catalana del Consumo la elevó a «muy grave» porque entendía que estos produjeron «una alteración social importante, alarma o desconfianza» y también porque la mujer formaba parte de un colectivo «especialmente protegido por el Código de consumo de Cataluña, tal como es el de las personas mayores.»

Durante una comparecencia en el Parlamento, en febrero del 2017, el conseller delegado de Gas Natural –pendiente de ser relevado– Rafel Villaseca utilizó repetidamente la palabra «accidente» para referirse a la muerte y cargó contra el Ayuntamiento de Reus, con el que «nuestra empresa colaboraba desde el 2014, de forma que este comunicaba a la empresa los casos de clientes vulnerables». La comunicación previa de los cortes , sin embargo, según se ha explicado en varias ocasiones, se empezó a producir en marzo de 2017 y no antes.