Fomento tendrá que pagar 3,8 millones en indemnizaciones por obras a la T-11

Fomento tendrá que indemnizar con 3,8 millones de euros a la empresa que ejecutó la reordenación de accesos de la T-11 en el tramo entre el Aeropuerto de Reus y Tarragona. Una sentencia de la sala contenciosa de la Audiencia Nacional, con fecha de este 5 de noviembre, condena al Ministerio a compensar Corsán-Corviam Construcción por retrasos en el inicio de las obras y diferentes suspensiones que se sucedieron en su transcurso. La constructora, que antes de acudir a esta vía había presentado una reclamación por la cual no recibió respuesta, pedía más de 5 millones en sobrecostes. La sala, con todo, rebaja la cifra hasta 3.850.000 euros –el valor estimado por los peritos– más intereses. En la reforma, que generó quejas de los usuarios, se dio por culminada en enero del 2014 y abarcó 7,6 kilòmetres, se invirtieron 56,89 millones. La sentencia es susceptible de recurso de casación.

Los trabajos, tal como explicaban desde el Ministerio al momento de terminarlos, consistieron en «una mejora integral de la carretera, fundamentalmente reordenando los accesos existentes mediante a creación de caminos y vías de servicio y remodelando enlaces». El Ministerio los adjudicó en julio del 2007, con un presupuesto de 30,7 millones y un plazo de ejecución de 34 meses, casi tres años. En su recurso al contencioso, Corsán-Corviam Construcción SA detallaba que el inicio de la intervención se demoró tres meses «por no estar disponibles los terrenos» donde se tenían que llevar a cabo y apuntaba una serie de errores y omisiones al proyecto que generaron suspensiones temporales y retrasos.

Expropiaciones y servicios

La sentencia, de hecho, recoge múltiples y reiteradas incidencias de este tipo entre 2007 y 2013, cuando se aprobó la certificación final de la obra. Las vincula en la tardanza en la tramitación de expropiaciones y aamb fectacions a servicios. La documentación del expediente, tal como valora la sala, «no deja dudas que la suspensión del inicio de las obras y la suspensión parcial temporal de las mismas se dio por causas imputables a la administración». Queda acreditado, dice la sentencia, que «en el acta de replanteamiento, anterior a la adjudicación del contrato, se afirmaba que la obra era viable y la disponibilidad de los terrenos», una «afirmación falaz, ya que en la primera acta de replanteamiento ya se consigna la no disponibilidad de los terrenos por no haberse realizado las expropiaciones». Por eso tuvo que aplazarse el inicio de los trabajos. Además, «está acreditado que hubo una suspensión temporal parcial» de las obras «por las dificultades surgidas para la realización de las mismas, motivadas por la aparición de nuevos servicios afectados, las nuevas soluciones para los servicios contemplados y algunos errores detectados al proyecto».

La sala determina, en esta línea, que la constructora hizo la oferta al proceso de licitación «con la creencia que los terrenos por la ejecución de la obra estaban disponibles y que la obra era viable». Y que «la errónea creencia que los terrenos estaban disponibles vino causada por la administración contratante. Los errores y la inviabilidad de las obras, por la aparición de servicios afectados y por errores del proyecto, están reconocidos por la administración». Por eso, «la responsabilidad de la administración es evidente».

El Ministerio de Fomento, en el escrito de respuesta a la demanda, rechazaba abonar ninguna cantidad en forma de indemnización en la empresa que hizo las obras entre el Aeropuerto de Reus y Tarragona porque «tuvo conocimiento de los motivos» de las demoras y «dio el consentimiento a la modificación de plazos». Y porque no había reclamado «durante la ejecución de los trabajos». La sala acepta sólo en parte, sin embargo, el recurso de Corsán-Corviam Construcción, y fija la indemnización en 3,8 millones.

Mejorar la seguridad

Mediante el proyecto, explicaba Fomento, «se ha dotado la carretera de características de autovía en el tramo entre el Aeropuerto de Reus y el enlace con la A-7». «En el tramo final entre este enlace y Tarragona, debida a sus características urbanas, se ha preferido a que la actuación integre la T-11 en el entramado urbano de la ciudad». Todo para una «mejora de la seguridad vial y la explotación de una carretera que soporta un tráfico diario de hasta 46.000 vehículos al día», explicaba el Ministerio en el 2014.