Salud subrogará servicios y personal de Sagessa «con las condiciones vigentes»

La entidad de derecho público que la Generalitat está pendiente de constituir para que asuma, a través del CatSalut, el Hospital Sant Joan de Reus y la actividad hospitalaria y de atención primaria de Sagessa en el territorio «subrogará el personal y los servicios que ahora presta» la misma Sagessa. Y lo hará, con respecto a los trabajadores, «con las mismas condiciones que las actualmente vigentes».

El compromiso lo ha dado a conocer, al principio de este mes de febrero, el Departamento de Salud en la respuesta a una pregunta del grupo parlamentario de Cataluña en Común-Podemos. La cuestión había generado incertidumbre y dudas porque el director del CatSalut, Adrià Comella, no había aclarado los detalles en su comparecencia en el Sant Joan, el 4 de diciembre, cuando anunció el proyecto para crear esta entidad de derecho público (EDP). Y también por la particularidad de la situación de algunos colectivos, como el de los empleados del mismo Hospital, que se rigen por un convenio propio con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019 pero opción de ultraactividad. La de mantener un convenio propio fue una de las grandes batallas del Comité de Empresa en el 2017, y se consiguió. En pocos meses, el documento se tendrá que volver a negociar. Y lo hará posiblemente coincidiendo con la puesta en marcha de la nueva entidad de derecho público. La entidad «se formalizará en el segundo semestre del 2019» y la fecha límite para su puesta en marcha es a finales de este mismo año.

La finalidad del acuerdo

Otra de las cuestiones que, como muchas otras, en algún momento han generado inquietudes era la del convenio entre Sagessa y la Universidad Rovira i Virgili (URV), sobre el cual «no hay ningún cambio previsto y, con respecto a los acuerdos, se mantendrán». Salud también explica «las finalidades a las cuales responde» el acuerdo sobre la creación del ente que se haga cargo del futuro del Sant Joan y la atención hospitalaria y primaria de Sagessa. Y dice que todo busca «la determinación de un marco de acción conjunta entre la Administración de la Generalitat de Catalunya, actuando a través del CatSalut, y el Ayuntamiento de Reus» y «el análisis de la situación corporativa de la Administración municipal en relación con la organización de los servicios de atención a la salud dependientes del Ayuntamiento de Reus». También la determinación de la metodología de transmisión de los elementos patrimoniales y las condiciones de dichas transmisiones y tiene «el propósito de determinar las condiciones finales de la adquisición de la sociedad anónima municipal (SAM) de Reus y el resto de entidades participadas o dependientes (y otros derechos patrimoniales que existan) en un convenio entre las partes, previo cumplimiento de los procedimientos y normas sustantivas aplicables a cada Administración». Además, el acuerdo recoge «la voluntad finalista de las partes de facilitar la transmisión o la disponibilidad del conjunto de recursos destinados efectivamente a la prestación de los servicios públicos en el marco del sistema público de salud en la ciudad de Reus y suya área de influencia en el EDP, bajo la perspectiva de aportarle las herramientas materiales para un funcionamiento asistencial de calidad y las condiciones económicas para un desarrollo del servicio equilibrado».

La operación abarcará, tal como concretaron fuentes de Sagessa a su momento, más allá del Hospital Sant Joan, Ginsa y toda la atención primaria de Sagessa, que pasa para|por el Hospital Ligero Antoni de Gimbernat de Cambrils, el CAP de Riudoms, el de Vandellòs y l'Hospitalet, el de La Selva y Marià Fortuny de Reus.

Cerca de 63 millones de euros

El pleno del Parlamento ha validado, en sesión de este 6 de febrero, el Decreto ley 1/2019, que permite la Generalitat y las entidades financieras del sector público formalizar operaciones de endeudamiento mientras no se aprueben los presupuestos para el 2019. Uno de sus apartados hace referencia directa al Hospital Sant Joan de Reus, y acuerda apartar 62.700.000 euros para la entidad de derecho público.