El Hospital Sant Joan prevé un déficit de 111.600 euros en el ejercicio 2018

El déficit con que el Hospital Sant Joan de Reus cierre el ejercicio 2018 se situará, muy probablemente, en torno a los 111.600 euros. Esta es la cifra que, pendiente de la formulación de cuentas que tendrá lugar el próximo viernes 29 de marzo, se dio a conocer ayer en una sesión informativa del consejo de administración del Sant Joan. El anterior ejercicio, en el 2017, se había cerrado con 3,2 millones de euros de déficit. La bajada en este concepto habría venido dada, entre varios factores, por un incremento de la contratación del CatSalut. La cifra de negocio del Sant Joan subiría a los 129,5 millones, casi 7 millones más que en el 2017.

Con todo, y a raíz de otra cuestión económica, el Hospital entraría de nuevo en causa de disolución, la cuarta de consecutiva que afrontaría a la sociedad. La situación implicaría, teniendo en cuenta el convenio laboral vigente, que la plantilla no estará en disposición de cobrar las direcciones por objetivos (DPO) del 2018. El gobierno reusense contaría, en principio, con el compromiso del CatSalut que asumirá los desequilibrios. El déficit, de cualquier manera, no quedaría secado hasta finales de año, dado que el límite para remover la causa de disolución se fija el 31 de diciembre.

Entidad de derecho público

El Hospital se encuentra ahora inmerso en un proceso de cambio de manos que tendría que culminar con el traspaso de la gestión y la gobernanza en el CatSalut. El movimiento tiene que iniciarse, tal como anunció en diciembre del 2018 el director del CatSalut, Adrià Comella, con la constitución de una nueva entidad de derecho público. La creación de esta se materializaría en paralelo en la de la entidad que se tiene que hacer cargo, a su vez, de la atención sanitaria a las Terres de l'Ebre. Ambas coincidirían, pues, en el tiempo. En la actualidad, Reus sigue dirigiendo Gecohsa a través de un sistema de prórroga.

Comella aseguró a su momento, desde Reus, que la entidad de derecho público para el Sant Joan quedaría configurada durante el segundo semestre del 2019. El Hospital, así, cambiaría de manos en un momento en que, desde la gestión municipal, se ha limitado mucho el déficit y cuando restarían prácticamente cinco años para dejar de pagar el crédito.

El pleno del Parlament validó, en sesión del 6 de febrero, el Decreto ley 1/2019, que permite la Generalitat y las entidades financieras del sector público formalizar operaciones de endeudamiento mientras no se aprueben los presupuestos para el 2019. Uno de sus apartados hacía referencia directa al Hospital Sant Joan, y acordaba apartar 62.700.000 euros para la entidad de derecho público que se tendría que hacer cargo de la gestión y la gobernanza del centro a partir del segundo semestre del año. Este ha sido el único paso que, desde el invierno pasado, ha trascendido con respecto al cambio de manos. El contexto político a medio plazo podría resultar decisivo también en este mismo aspecto.

Si se acaba produciendo, el traspaso del Sant Joan involucrará Ginsa y toda la atención primaria de Sagessa, que pasará igualmente a ser gobernada por la Generalitat. El proceso implicará hospitales y Centros de Atención Primaria (CAP) más allá de Reus y pondrá fin a la rama sanitaria de la empresa municipal, que mantendrá vivos otros ámbitos como residencias de la tercera edad o jardines de infancia. La manera en que la tramitación de todo se llevará a cabo no se ha dado a conocer. En detalle, el Hospital Ligero Antoni de Gimbernat de Cambrils, el CAP de Riudoms, el de Vandellòs y l'Hospitalet, el de La Selva y Marià Fortuny de Reus quedarán incluidos en el acuerdo.

Condiciones de la plantilla

Lo que sí que ha trascendido, igualmente mediante el Parlament, es otro compromiso, el de Salud que «subrogará el personal y los servicios que ahora presta Sagessa con las mismas condiciones». La cuestión había generado incertidumbre porque Comella no lo aclaró y por la particularidad de la situación de algunos colectivos, como el de los empleados del Hospital, que se rigen por un convenio propio con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019 pero opción de ultraactividad. La de mantener un convenio propio fue una de las grandes batallas del Comité de Empresa en el 2017, y finalmente se consiguió.