Un juez acuerda embargar 775.000 euros al Sant Joan de Reus por las DPO del 2015

El Juzgado de lo Social número 1 de Reus ha decretado, en un auto con fecha del 22 de marzo, el embargo de unos 775.000 euros al Hospital Sant Joan de Reus por el 50% de las retribuciones variables por objetivos (DPO) del ejercicio 2015 que no se pagó a la plantilla. Teniendo en cuenta los intereses de demora y los gastos judiciales –en torno a 260.000 euros– la cifra a que tendría que hacer frente la sociedad, si se dicta una sentencia contraria a sus intereses, superaría el millón de euros. La cantidad está provisionada. El auto resulta de una demanda presentada a su momento por el Comité de Empresa después de que el Sant Joan se negara a abonar un 50% de las DPO pendientes a los trabajadores y apuntara que el desequilibrio económico en que había incurrido a la sociedad en el 2015 –cuándo se registró un déficit de cerca de 3,1 millones– la eximía de tener que pagarlas. Fuentes del Sant Joan detallan que el Hospital ha recurrido el decreto del juez y que «estamos a la espera de la resolución del recurso para proceder al pago o a la desestimación».

El decreto de embargo pretendería asegurar que, si se da una sentencia firme en este mismo sentido, el dinero llegue a los empleados. El Comité también lo denunció cuando no cobró las DPO del 2016, y ganó. En aquella ocasión, según apuntaron fuentes del Sant Joan, la sociedad optó por no recurrir y decidió asumir, en global, unos 2,6 millones de euros. Ahora, el Sant Joan sí que se ha opuesto al embargo.

A partir del 2017, las negociaciones entre Comité y Ayuntamiento para abordar un nuevo marco laboral permitieron la plantilla mantener un convenio propio pero este especifica ahora que, en caso de desequilibrio, las DPO se anulan. El déficit de 111.658 euros con que el Hospital ha cerrado en el 2018 implicará, por lo tanto, que los trabajadores no ingresarán DPO. El convenio prevé, sin embargo, que si el Siscat dejara de vincular equilibrio económico y DPO en algún momento, los trabajadores del Hospital se beneficiarían.

Subvención de 3,3 MEUR

El decreto sobre las DPO del 2015 llega en un momento de impàs para la sociedad, que tendría que pasar este año a ser gestionada por el CatSalut, a través de la creación de una nueva entidad de derecho público, a partir del 31 de diciembre de este 2019. La Junta General del Hospital, fijada inicialmente el 1 de abril y que quedó aplazada sobre la marcha a petición de los grupos, aprobó ayer medidas para remover la causa de disolución en que ha incurrido de nuevo la sociedad, y que es la cuarta de consecutiva. El paquete propuesto por la presidenta del Sant Joan, Noemí Llauradó, salió adelante con la abstención en bloque de la oposición, a que desconfía de la carta firmada por el director del CatSalut con que Llauradó avala el trámite. En detalle, y tal como apuntaba durante su intervención la misma presidenta del Hospital, la sociedad incurre en causa de disolución «porque el patrimonio está por debajo del capital social» y «aunque pusimos 3,2 millones de las reservas de Gecohsa, estas se tuvieron que computar en la cuenta de pérdidas y ganancias del 2018 y no en el de antes». Es por eso que «la estimación patrimonial sigue siendo negativa».

La causa de disolución, «dijimos que no podía ser asumida por el Ayuntamiento y nos pusimos en contacto con la Generalitat. El director del CatSalut nos ha hecho llegar un escrito que nos dice que la causa será asumida por el CatSalut con el traspaso de activos y pasivos si se constituye la entidad de derecho público. Si eso no fuera posible antes del 31 de diciembre, el CatSalut se compromete a hacer una subvención de capital por el importe necesario, que es de 3,3 millones de euros». Si nada de todo se llevara a cabo, «lo que se haría es una aportación no dineraria o patrimonial».

El compromiso, «incierto»

Llauradó insistía en la Junta General de ayer que «lo que se vota no es traspasar el Hospital o no, sino remover la causa de disolución de la cual «tenemos responsabilidad como consejeros» y aseguraba que las tres opciones «son secuenciales» y «sólo para tener seguridad». Con todo, la oposición se abstuvo en bloque, en medio de críticas al proceso de negociación con el CatSalut, por entender que la carta «es incierta» y que «ya hubo anteriormente un protocolo de intenciones que quedó en nada». Una demora en la llegada de este mismo documento a manos de ERC había provocado, el pasado 1 de abril, el aplazamiento de la Junta General.