El Comité del Sant Joan espera una resolución favorable sobre las DPO

El Comité de Empresa del Hospital Sant Joan de Reus espera que una resolución favorable permita a los trabajadores ingresar los importes correspondientes a las retribuciones por|para objetivos (DPO) del ejercicio 2015 y que están pendientes. En un comunicado, desde el Comité informan de «la sentencia de las DPO 2015, que afecta a los trabajadores de los grupos 1, 2 y 3.1, según la cual, la empresa se ve obligada a hacer el pago pendiente de estas DPO» y apuntan que «no obstante, la empresa ha presentado recurso, y nos tenemos que mantener a la espera de la resolución».

El Juzgado de lo Social número 1 de Reus ha decretado, en un auto con fecha del 22 de marzo, tal como adelantó el Diari Més, el embargo de unos 775.000 euros al Hospital Sant Joan de Reus por el 50% de las DPO del ejercicio 2015 que no se pagó a la plantilla. Teniendo en cuenta los intereses de demora y los gastos judiciales –en torno a 260.000 euros– la cifra a que tendría que hacer frente la sociedad, si se dicta una sentencia contraria a sus intereses, superaría el millón de euros. La cantidad está provisionada.

El auto es fruto de una demanda presentada a su momento por el Comité de Empresa después de que el Sant Joan se negara a abonar un 50% de las DPO pendientes a los trabajadores y apuntara que el desequilibrio económico en que había incurrido a la sociedad en el 2015 –cuándo se registró un déficit de unos 3,1 millones– la eximía de hacerlo. El Hospital ha recurrido el decreto y se encuentra «a la espera de la resolución del recurso para proceder al pago o a la desestimación».

El decreto de embargo quiere asegurar que, si se da una sentencia firme en este sentido, el dinero llegue a los empleados. El Comité también denunció cuándo no cobró las DPO del 2016, y ganó. En aquella ocasión, según apuntaron fuentes del Sant Joan, la sociedad optó por no recurrir y asumió, en global, unos 2,6 millones de euros. Ahora, el Sant Joan sí que se ha opuesto al embargo. A partir del 2017, las negociaciones entre Comité y Ayuntamiento para abordar un nuevo marco laboral permitieron la plantilla mantener un convenio propio pero este especifica ahora que, en caso de desequilibrio, las DPO se anulan.

El Comité también informaba, en el mismo comunicado al principio de abril, de que «la empresa realizará el ingreso de los retrasos pendientes del 2018, que corresponden al incremento del 1,5% de enero a junio, y el incremento del 1,75% de julio y agosto» y que «una vez finalizados los trámites correspondientes, se actualizarán las tablas salariales para el año 2019 con el incremento del 2,25%». El Hospital tendría que pasar a ser gestionado por el CatSalut, a través de la creación de una nueva entidad de derecho público, a partir del 31 de diciembre de este 2019. La Junta General del Hospital aprobó el 9 de abril medidas para resolver su cuarta causa de disolución con la abstención en bloque de los grupos de la oposición.