La PAH considera una «tomadura de pelo» el banco de farolillos a pilas

Representantes de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Reus y de la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) de Tarragona se citaron ayer delante del Ayuntamiento de Reus para leer un manifiesto de rechazo a la medida impulsada por el gobierno en relación a la prestación de farolas a pilas a las familias que sufran una emergencia energética puntual y no tengan luz. En este sentido, la integrante de la PAH Sandra Casanova hacía pública la «indignación» de los colectivos por lo que entienden como una iniciativa «casi insultante» y lamentaba que en la ciudad «hay unas 1.300 familias en situación de pobreza energética» y que «en lugar de trabajar para ayudarlas, el Ayuntamiento envía a la policía a cortar la luz que algunas han tenido que pinchar».

Casanova apuntaba directamente a la concejala de Benestar Social de Reus, Montserrat Vilella, y pedía «cómo es que una persona con experiencia como lo es ella, y que ha convocado mesas de emergencia, ahora impulsa eso», en relación a la creación del banco de linternas. «Parece que nos traten de idiotas, es una tomadura de pelo para las familias vulnerables, que ya están en una situación horrorosa», añadía la integrante de la PAH, que reclamaba que «las suministradoras asuman la deuda de los que no pueden pagar» y «que el Ayuntamiento presione los bancos para que cedan pisos». La de los farolillos ha sido para Casanova una «propuesta electoralista» y desde la PAH se preguntaban ayer si las linternas de los Servicios Sociales «calentarán el agua o cocinarán».

Hasta 350.000 euros el año

Vilella, a su vez, compareció para recordar que el banco de linternas «es una pequeña acción dentro de las muchas que hacemos contra la pobreza energética y no es una acción estrella», y decía que «desde el 2014, se creó la Mesa de Pobreza Energética y en el 2015 se abrieron las convocatorias de concurrencia competitiva porque entendíamos que había gente que no podía hacer frente a los recibos». «Cada año hemos sacado una convocatoria y, ahora, estamos en unos 350.000 euros el año», añadía, y precisaba que «el Ayuntamiento dedica mucho dinero a la pobreza energética porque entendemos que es una situación que hace sufrir mucho a las familias». La concejala de Benestar Social detallaba los riesgos de las conexiones ilegales a suministros y decía que «a raíz de eso se hizo esta pequeña actuación», porque «ante la posibilidad de que, a unas personas, por seguridad, se les corte la luz, hay diferentes maneras de actuar y estamos actuando. Pero también había familias que preferían quedarse en casa, y nosotros descartábamos que siguieran iluminándose con velas».