Expedientan al mosso que denunció al mecánico de Reus

El mosso d'esquadra que denunció al mecánico de Reus, Jordi Perelló, por negarse a reparar el coche de una agente de la Policía Nacional ha sido expedientado por Asuntos Internos, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El sindicato más representativo en las administraciones públicas ha explicado que el agente ha sido suspendido de sueldo y de trabajo durante un mes.

Los hechos se remontan al 31 de enero de 2018, cuando una agente de la Policía Nacional acudió a Tallers Perelló para que le arreglara su coche particular, pero el mecánico se negó «por principios» a raíz de los hechos del 1-O.

Según el CSIF, la pareja de la agente, que es mosso d'esquadra, contactó el día de antes con el establecimiento y concertaron la realización del servicio, «sin revelar en ningún momento su condición de policía». El día siguiente al acudir al taller, la mujer explicó a Perelló que le habían recomendado el taller por ser agente de Policía Nacional, hecho que provocó que el mecánico se negara a reparar su vehículo.

Poco después, el mosso se dirigió al taller para pedir explicaciones para saber porque le negaban el servicio. Finalmente, dos patrullas de la policía catalana se personaron en el taller. Posteriormente, el mosso interpuso este mismo día una denuncia en el Juzgado de Instrucción nº. 3 de Reus el cual archivó la causa para entender que los hechos no fueron constitutivos de un delito de odio.

A final de abril del 2018, el agente fue informado de que el mecánico había presentado un escrito acusatorio a la División de Asuntos Internos de Mossos d'Esquadra por un supuesto «comportamiento irregular fuera de servicio». Este tuvo que comparecer ante los agentes encargados de la investigación para explicar los hechos, que acabó con la apertura de un expediente disciplinario el año justo de producirse el incidente. Según el CSIF, la tipificación de «comportamiento irregular» dio paso a la incoación por «atentar contra la imagen del cuerpo, y contra el prestigio y consideración de la Generalitat».

El agente expedientado recurrió, hasta tres ocasiones, la falta de responsabilidad en el supuesto perjuicio ocasionado a la buena imagen de la institución «ya que fue el mecánico el responsable de filtrar la denuncia a los medios de comunicación».

Sin embargo, la Administración decidió mantener la acusación ya que consideraba que «el agravio para el ciudadano ha sido tan notable» que ha hecho que este se dirigiera a los medios de comunicación «para denunciar tal comportamiento». Actualmente, la causa se encuentra en fase de recurso contencioso administrativo, a pesar de que la condena se está cumpliendo.