Los encausados por el Tecnoparc pagan la multa por falsedad documental

Los investigados por el caso Tecnoparc que, el pasado 13 de mayo, llegaron a un acuerdo de conformidad antes de que se iniciara el juicio en la Audiencia provincial de Tarragona, han depositado los 810 euros de multa que habían aceptado por un delito de falsedad documental, tal como detallan al Diari Més fuentes conocedoras del proceso. Los importes, según las mismas fuentes, serán devueltos a la sociedad Tecnoparc, donde se había originado la causa. La sentencia, que fue dictada el mismo día del acuerdo entre las partes, es firme y no admite recurso. El caso, por lo tanto, se da por cerrado cerca de siete años después de haberse iniciado la instrucción.

Los encausados también asumieron una condena de un año, cuatro meses y quince días de prisión por un delito continuado de falsedad de documentación mercantil y un delito de malversación de fondos públicos. La pena, con todo, no se ejecutará porque es inferior a dos años y ninguno de los investigados acumulaba antecedentes, tal como se dio a conocer en la Audiencia de Tarragona, donde se había señalado el juicio que finalmente no se produjo por el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. El expresidente de la sociedad Tecnoparc, Àngel Cunillera; el exconcejal de Urbanismo y exconsejero de la misma empresa, Jordi Bergadà; el exgerente del Tecnoparc Xavier Gómez y el empresario Ramon Urgellès, los cuatro encausados, quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos durante un año y medio, por el delito de malversación de fondos públicos. De inicio, el Ministerio Fiscal pedía entre cuatro y seis años de prisión para cada uno de ellos.

La causa, procedente del Juzgado de Instrucción número 1 de Reus, dirimía el cobro indebido, por parte de Cunillera y Bergadà, de unos 115.000 euros facturados por trabajos que no quedaron acreditados. Los movimientos habrían sido autorizados por Gómez y Urgellès. El pacto que ha permitido a los cuatro eludir la prisión se cerró el 13 de mayo hacia las once del mediodía, dos horas después de la hora en que los acusados habían sido citados a declarar, sin que llegara a iniciarse el juicio. Anteriormente, se habían mantenido ya conversaciones con la Fiscalía que no llegaron a culminar en un acuerdo total, muy probablemente por las reticencias de uno de los investigados a adherirse.

Reparación de daños

Tanto Cunillera –cerca de 81.200 euros– como Bergadà –unos 33.900 euros– devolvieron tiempo atrás los 115.000 euros a las arcas municipales, a raíz de la denuncia de Ara Reus el año 2012, y estaban exentos de responsabilidad civil. El partido municipalista y el Ayuntamiento de Reus decidieron, el verano pasado, apartarse del caso una vez recuperado el dinero. Estos han revertido en mejoras en las instalaciones de Redessa 1. La «reparación de los daños» ha sido tenida en cuenta en las condiciones del acuerdo para esquivar el juicio. La sentencia condenatoria se dictó el mismo 13 de mayo, en una de las salas de vistas de la segunda planta de la Audiencia donde tres magistrados habrían tomado declaración a los investigados y a las «diversas decenas de testigos» que habían obligado a repartir el juicio en tres días. En aquel momento, la Audiencia anunció un plazo de 30 días para que los encausados pagaran estos 810 euros por cabeza, que se corresponden con cuatro meses y quince días a razón de seis euros diarios, y que han sido ingresados.