Los trabajadores del centro Bellissens del grupo Pere Mata, en pie de guerra

Cerca de un centenar de trabajadores del centro Bellissens de discapacidades intelectuales y enfermos mentales, perteneciente al grupo Pere Mata, se han manifestado este lunes por la mañana en Reus. Los manifestantes han ido a pie desde el centro hasta el instituto psiquiátrico, situado al extrarradio de la ciudad, con pancartas y silbatos. Los trabajadores se quejan de la precariedad laboral que acarrea el sector de atención a personas con dependencia. El colectivo de empleados de Villablanca Social y Villablanca Serveis Assistencials, empresas del grupo Pere Mata, reclaman desde hace tiempo una mejora de las condiciones laborales y avisan de que se ha llegado a una situación «límite», hasta el punto que puede repercutir a los usuarios. Dicen que hay muchas bajas por estrés y sobrecarga laboral entre la plantilla, de medio millar de empleados.

«Por ejemplo, si de cuatro usuarios pasas a asumir cinco, obviamente la atención se deteriora», explica el presidente del comité de empresa de Villablanca, Claudio Parodi (UGT), que ha insistido en el aumento de bajas de la plantilla entre los dos centros que hay dentro del recinto. Ya hace tiempo que este colectivo se queja de la situación que acarrea un sector «siempre despreciado, pero que ahora ha llegado al límite; el sector está bajo mínimos», ha dicho Parodi.

Los trabajadores de Bellissens denuncian que en los últimos años este colectivo ha tenido que hacer frente a «esfuerzos extras» -como un aumento de las ratios de atención a los usuarios, congelaciones salariales, en algunos casos desde el 2009, deterioro de las condiciones en el lugar de trabajo, precariedad laboral, etc-, mientras el grupo, según apuntan desde los comités de empresa, ha seguido obteniendo ganancias, con inversiones de 1 a 3 millones de euros en infraestructuras.

A partir de aquí, reclaman la recuperación del poder adquisitivo, aumento de personal, estabilidad de las plantillas, eliminando la eventualidad y mejorando los puestos de trabajo, y una auditoría más «transparente» de las partidas presupuestarias que la Generalitat adjudica a las empresas concertadas. También quieren que la Generalitat actualice los presupuestos, congelados desde hace diez años, y que esta actualización se traslade en una mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan.