Reus revisa jurídicamente el ultimátum de Endesa para cortar la luz a 338 hogares

El Ayuntamiento de Reus someterá a estudio jurídico la carta que, a principios de agosto, Endesa remitió a alcaldía reclamando que asuma el 50% de la deuda acumulada por las familias reconocidas como vulnerables y que, a pesar de disponer de contrato legal, no pueden hacer frente a las facturas de la luz. En Reus, y según datos facilitados por la misma suministradora, Endesa contabiliza 338 hogares que no pagan, otros 95 que se benefician del bono social y un total de 268.619 euros pendientes de cobro. La eléctrica busca un cofinanciamiento de la deuda por parte de la administración y avisa, tal como detalla la concejala de Bienestar Social, Montserrat Vilella, de que «si no hay este cofinanciamiento, a partir del 1 de octubre harán cortes a las personas que no han asumido la deuda». Hay que tener en cuenta, sin embargo, las limitaciones que marca en este aspecto la ley 24/2015.

Vilella explica que «hemos recibido una comunicación del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, donde se ponía a disposición de hacer un estudio jurídico de los términos en que hace esta propuesta la compañía y ver cómo le tenemos que hacer frente. Desde Reus, lo que haremos es esperar y hablar». Y apunta que «también nos hemos puesto en contacto con la Associació Catalana de Municipis porque pensamos que la respuesta no tiene que ser sólo del Ayuntamiento de Reus sino conjunta». En todo caso, valora la concejala de Bienestar, «entendemos que esta es una acción que ha tomado unilateralmente la compañía» y «miraremos cuál es la mejor manera de contestar desde la administración local pero también de garantizar el derecho de las personas vulnerables de la ciudad».

La pobreza energética

En relación al tono de la notificación de Endesa, Vilella detalla que «no estamos delante de una carta que nos dé respuesta a la pobreza energética sino una carta de la compañía de forma unilateral». «Nosotros siempre hemos dicho que lo que tenemos que hacer para afrontar en toda su diversidad la pobreza energética es sentarse en una mesa todos los agentes implicados», expresa, y concreta que «eso comportaría que las compañías firmaran el convenio con las administraciones catalanas, que se planteó hace dos años y que no lo han firmado. También comportaría que el gobierno del Estado, que es quien tiene más competencias en el ámbito de la energía, oiga todos los agentes y las administraciones locales».

Preguntada por quien tiene que hacerse cargo del 50% de la deuda generada por los abonados en situación de vulnerabilidad, Endesa se limita a señalar a «la administración». En este sentido, Vilella explica que «cuando hablamos del 50%, eso se referiría a la ley estatal del bono social. La ley catalana dice que habrá un fondo donde tanto las compañías como las administraciones haremos frente a las facturas de las personas que no puedan pagar. Por lo tanto, estamos mezclando dos leyes, las dos vigentes y, por eso, se tiene que hacer un estudio legal y jurídico de qué es lo que cumple y qué es lo que cada agente puede hacer». «Lo que tendremos por delante de todo es la garantía de derechos de los ciudadanos», añade.

Más allá de la Associació Catalana de Municipis –que rechaza, de momento, hacer un posicionamiento público sobre las cartas de Endesa– y del Departament de Treball, el de Reus ha mantenido contactos ya con otros ayuntamientos que han recibido la misma notificación. Consistorios como el de Lérida, Sabadell o Terrassa están articulando un frente común al cual, de esta manera, Reus se incorporaría. En la demarcación, también habrían recibido cartas, además de Reus, otros 26 municipios donde Endesa tiene constancia cinco abonados o más abonados considerados vulnerables, entre los cuales está Tarragona –342.927 euros de deuda–, el Vendrell –151.244–, Cambrils, Vila-seca, Constantí o Calafell.

Auditorías, ayudas, el Punto Energético o el A-Porta

El Ayuntamiento de Reus mantiene activas una serie de medidas para hacer frente a la pobreza energética desde diferentes vertientes. Así, este mismo 2019, ha puesto en marcha un servicio de auditorías energéticas en viviendas donde viven personas mayores, con discapacidad o con dificultades de movilidad y en situación de pobreza energética. También trabaja con el programa A-Porta, que aconseja al vecindario de 525 viviendas situadas en Horts de Miró sobre el consumo energético. El Punto de Asesoramiento energético ha realizado más de 1.500 atenciones desde 2017 y, desde el pasado mes de mayo y hasta octubre, se puede solicitar la ayuda contra la pobreza energética que ofrece el Ayuntamiento en el marco de una convocatoria dotada con 70.000 euros. Entre noviembre y diciembre del año pasado, Bienestar llamó por teléfono a 446 familias en situación de pobreza energética para recordar que el plazo para poder solicitar el nuevo bono social acababa el 31 de diciembre. Obtener el nuevo bono social supone la concesión del bono térmico, dos cuestiones que suponen una ayuda considerable a las familias en situación de vulnerabilidad para hacer frente a los gastos de luz y gas. El Ayuntamiento también pone al alcance de la ciudadanía la web de la Tabla de la Pobreza Energética de Tarragona y Reus.