Treball recuerda a Endesa que no se puede cortar la luz de hogares vulnerables

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies coordinará la respuesta de gobierno y ayuntamientos frente las cartas enviadas por Endesa donde la suministradora reclama el 50% de la deuda acumulada para abonados en situación de vulnerabilidad y avisa de que, si no cobra, empezará a aplicar cortes a partir del 1 de octubre. Fuentes del mismo Departament consultadas por el Diari Més precisan que Treball «está analizando la propuesta de la compañía» pero recuerdan que «la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética deja muy claro que no se puede cortar la luz a una familia si hay un informe que avala su vulnerabilidad». Es «en esta línea» que «trabaja la Generalitat, en defensa de los derechos de las personas con más dificultades».

Al Ayuntamiento de Reus, Endesa le exige 134.309 euros de deuda que han generado 338 hogares que disponen de contrato legal con la suministradora pero no pueden hacer frente a las facturas y han sido reconocidas como vulnerables por el Ayuntamiento. La cifra la contabiliza Endesa desde la aplicación de la Ley 24/2015. La eléctrica ha hecho llegar cartas en términos similares a otros 26 municipios de la demarcación, entre los cuales está Tarragona –370 hogares, 171.148 euros reclamados–, el Vendrell –133 hogares, 75.662 euros– o Cambrils –108 hogares vulnerables, 62.596 euros.

Una primera propuesta

Desde la concejalía de Bienestar Social de Reus ya apuntaron hace unos días que revisarían jurídicamente el ultimátum de Endesa y que Treball había contactado con el Ayuntamiento y se ponía a su disposición para llevar a cabo este estudio jurídico. La Generalitat concreta que «en los próximos días, el Departament realizará una propuesta en los ayuntamientos para trabajar de manera coordinada el camino a seguir». Reus está manteniendo igualmente comunicaciones con la Associació Catalana de Municipis para articular esta contestación conjunta.

En un comunicado, desde el grupo municipal de la CUP pedían a finales de la semana pasada al gobierno de Reus «responsabilidad y valentía» ante la amenaza de Endesa y valoraban que las cartas de Endesa a los ayuntamientos catalanes «atentan contra los mínimos indispensables para sobrevivir de cualquier persona». A su vez, y sobre la situación del Ayuntamiento del Vendrell, Som Poble-ERC del Vendrell consideraba también en una nota que el primer paso a hacer es «trabajar para que la empresa se desdiga de la amenaza de cortar la luz a 133 familias del municipio y negarse a pagar los 75.000 euros que exige Endesa».

La asignación del gobierno catalán a la pobreza energética sumó el año 2018 un total de 6.993.444 euros, cerca de dos millones más que el presupuesto que se había destinado a esta misma cuestión en el 2016 y que supone un incremento del 40% en relación a la anterior cifra. El total de expedientes de pobreza energética iniciados en el 2018 en Cataluña ascendía a 61.019. Estos expedientes representaron prestaciones de ayudas por pobreza energética que llegaron a 30.123 hogares y un total de 105.302 personas beneficiarias de ayudas para hacer frente a los gastos derivados de los suministros.