«Después de 10 años trabajando, el Ayuntamiento se desentiende de mí»

«He pasado 10 años ofreciendo servicio a una empresa municipal y cumpliendo y no puedo entender que, por un empeoramiento de mi estado de salud, el Ayuntamiento se desentienda de mí». Lo explica Gregori Aran, extrabajador de Reus Mobilitat i Serveis que lamenta que la sociedad «me contrató cuando ya tenía una minusvalía, que entonces era del 37% y que era imprescindible para acceder al puesto de trabajo» y que, ahora que el grado de invalidez ha aumentado, después de dos años de baja médica y una vez el INSS le ha concedido la incapacidad total para el ejercicio de su profesión, «el Ayuntamiento de Reus no ha querido reincorporarme en cualquier otro trabajo que sí que pueda hacer sin problema».

«Hice saber a Reus Mobilitat que me gustaría continuar en otro puesto y me dijeron que no tenían ninguna obligación de recolocarme y que no había ninguna vacante. Yo eso lo entiendo, pero soy una persona que se ha puesto enferma, no soy una máquina que se ha estropeado y se aparta», concluye. El exempleado de la empresa municipal es nacido en Reus y vecino de La Selva, tiene 46 años, una «minusvalía del 64%» y «está percibiendo una pensión».

Una alternativa para seguir

Arán había dedicado la última década de la vida laboral «al mantenimiento de escuelas y jardines de infancia públicos». Su discapacidad está relacionada con un problema en el oído que provoca vértigos. El extrabajador precisa que la incapacidad total para el ejercicio de su profesión le vino dada «después de un largo periodo de médicos y tribunales» que empezó cuando «un día, mientras hacía trabajos en altura, me mareé y me tuve que coger. Vi que, si no me detenía, me podía pasar alguna cosa». Y mantiene que esta incapacidad –la cual quedó aprobada el 7 de mayo– hace referencia «al trabajo que hacía, no quiere decir que no pueda hacer otra».

El exempleado ha mantenido encuentros con miembros del Ayuntamiento «que me dijeron que mirarían mi caso». Y registró el 10 de junio un escrito en la delegación de la Generalitat en Tarragona, «dirigida al Síndic de Greuges» –que, al menos hasta ayer, todavía no tenía constancia–, donde expresaba que «no me parece justo quedar excluido por un empeoramiento de la salud». Arán se ha dirigido ahora a Diari Més «porque me puse enfermo, pero muy enfermo de verdad, y me dejaron en la calle. Y quiero hacerlo público. Si no es por mí, por las personas con minusvalía».

Fuentes municipales apuntan que Reus Mobilitat i Serveis «tiene una larga y reconocida tradición de política social en materia laboral» y que «siempre ha mantenido y mantiene un respeto escrupuloso al cumplimiento de la normativa laboral». Recuerdan, en este sentido, que «el Estatuto del Trabajador prevé como causa de extinción de un contrato laboral la incapacidad permanente total o absoluta del trabajador». Y apuntan que «es el INSS quien aprueba la incapacidad permanente de un trabajador después de agotar el periodo de baja por incapacidad temporal» y que «como empresa pública, no se puede hacer una contratación discrecional, sino que se tiene que hacer a través de convocatorias públicas de empleo».