El juzgado de Instancia 1 de Reus duplica la carga de trabajo y dispondrá de refuerzo

Una visita realizada por el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Reus, con fecha del 16 y 17 de noviembre de 2018, deriva ahora en propuesta para dotar el órgano de un refuerzo. La visita detectó que Instancia 1 «soportaba una carga de trabajo notoriamente superior al indicador de entrada de asuntos aprobado por el CGPJ y se encontraba cerca de duplicarlo en algunas anualidades como la de 2017». También que «la actividad resolutiva, tanto del órgano como de la magistrada titular de lo mismo, ha superado sobradamente el indicador aprobado por el CGPJ en los últimos cuatro años». Con todo, el 30 de septiembre de 2018, el juzgado de Primera Instancia 1 «presentaba una pendència en declarativos de 1.545 asuntos, muy superior a la pendència media del partido judicial (943) y a la nacional (940); mientras que la pendència en ejecutivos era de 1.870 asuntos, también superior a la media del partido judicial (1.493) y a la nacional (1.361)», según se desprende de la inspección.

Así las cosas, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) ha acordado hace pocas semanas proponer la creación de una comisión de servicios sin relevo|relieve de funciones –la llegada de un juez de refuerzo que siga haciendo, paralelamente, su trabajo– para «ayudar a superar la preocupante situación» de Instancia 1. La previsión es que el juez de refuerzo se encargue del comisionado de una serie concreta de materias: «control de cláusulas abusivas en procesos monitorios y de ejecución, resolución de incidentes en procesos de ejecución que no comporten la celebración de vista y sentencias de juicio verbal sin celebración de vista».

El TSJC considera «imprescindible» el refuerzo a fin de que la titular del juzgado «pueda resolver todos los asuntos que actualmente tiene pendientes exclusivamente dictar sentencia o auto definitivo, al mismo tiempo que servirá para reducir la excesiva pendència del órgano.» La duración inicialmente programada para la comisión de servicios es de seis meses. El plan|plano de actuación «podría corresponderse con una carga de trabajo del órgano a reforzar inferior al 35%».

Discontinuidad y más asuntos

A su vez, el Juzgado de lo Penal número 2 de Reus espera también que se le asigne un refuerzo, y el TSJC ha elevado una propuesta en este sentido para dotar el órgano igualmente de una comisión de servicios sin relevo|relieve de funciones. A fecha de marzo del 2019, el juzgado acumulaba 731 asuntos pendientes de juicio. El TSJC atribuía entonces la situación del Penal 2 a «múltiples factores», entre los cuales se encontraban «la discontinuidad funcional prolongada y un aumento muy significativo de los asuntos de entrada». El refuerzo tendría una duración inicial de seis meses y despacharía «22 asuntos en el mes, asumiendo la competencia de aquellos asuntos que se determinen y que tendrán que corresponder a los que tengan una pendència más antigua», en los que arrastren más tiempo esperando ser juzgados. Por último, el Ministerio de Justicia ha autorizado, a efectos económicos, la renovación del refuerzo del Juzgado de Instrucción número 3 –el del caso Innova, la pieza 3 del cual dejó de estar bajo secreto de sumario el jueves– hasta el 31 de diciembre de 2019.