El juez de Reus envía a juicio a la antigua cúpula de PxC por la campaña contra los inmigrantes

El juzgado de instrucción número 3 de Reus envía a juicio a la antigua cúpula de Plataforma per Catalunya (PxC) por una campaña contra los inmigrantes que la formación ultraderechista lanzó con motivo de las municipales del 2011. En un auto de final de octubre, el juez dicta la apertura de juicio oral contra Josep Anglada y doce exdirigentes más del extinto partido por el supuesto delito de discriminación y provocación al odio. La vista se hará en los próximos meses en los juzgados de lo penal de la capital del Baix Camp, dado que está en esta ciudad donde la asociación musulmana Watani presentó la denuncia. El Código Penal prevé penas de entre uno y tres años de prisión y una multa de seis a doce meses para este delito.

La propaganda incluía un cheque simulado a nombre de Mohamed Alcabir Samir con el importe de 4.000 euros, en el reverso del cual se decía que el Parlament ha repartido 4.000 MEUR entre los inmigrantes el 2009 y 2010, y que cada catalán destina 600 euros de sus impuestos para que cada inmigrante reciba 4.000 euros.

Además, los panfletos llamaban a la eliminación de las plazas de colegios y jardines de infancia de la ciudad reservados para inmigrantes e, igualmente, se manifestaba que «siete de cada nueve nuevos puestos de trabajo son para los inmigrantes», que son «mano de obra que genera competencia desleal con pérdida de derechos laborals y salarials a la baja» o que «a los inmigrantes se les paga el alquiler del piso, subsidios sin haber cotizado, recibos del agua y la luz, becas escolares, cochecitos de bebé y avales para la farmacia o el supermercado».

También se hacían afirmaciones como «el comercio inmigrante acaba con el tejido comercial», que «los inmigrantes incumplen los horarios, trabajan sin cotizar, exentos de impuestos» o, en otro punto del programa, se vinculaba la inmigración con las mafias.

La asociación Watani denunció los hechos

En 2013 el magistrado Diego Álvarez de Juan ya citó a declarar como imputado por estos hechos al cabeza de lista de PxC por Reus las municipales, Albert Tafalla, a raíz de una denuncia de la asociación Watani. El 4 de diciembre del 2013 el candidato local declaró a los juzgados que la campaña estaba dirigida por la cúpula del partido y se escudó en la libertad de expresión. Tafalla compareció acompañado de varios miembros del partido encabezados por su presidente, Josep Anglada, el cual denunció que eran objeto de una «caza de brujas» y que «ninguna asociación islámica prohibirá que defendamos que primero son los de casa».

Entonces, la fiscalía y la defensa solicitaron el sobreseimiento del caso. El ministerio fiscal consideró «reprobable» el contenido del programa de PxC, pero argumentó que no se podía comprobar cuál había sido el grado de incidencia que aquellas manifestaciones habían tenido en el electorado ni si se había producido algún incidente en el proceso electoral derivado de las mismas. Finalmente, sin embargo, el juez atendió las demandas de la asociación local Watani, liderada por el abogado Hilal Tarkou, y acordó mantener la imputación de Tafalla y dirigir el proceso contra la cúpula del partido, que declaró en los juzgados hace tres años.

En julio del 2016, el expresidente de Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, se sacudió la responsabilidad en relación a la difusión de la propaganda racista. El político ultraderechista compareció en los juzgados de Reus cargado de documentación para demostrar que, si bien era presidente, no tuvo nada que ver con el contenido de la campaña y que cada municipio tenía la potestad para hacer y deshacer.

Trece personas en el banquillo de los acusados

En un auto dictado el 24 de octubre pasado, el juez abre juicio oral contra el entonces candidato de PxC en Reus, Albert Tafalla, y los miembros del consejo ejecutivo de la formación del año 2011. Se trata del exlíder de la formación, Josep Anglada; la exsecretaria de presidencia, Marta Riera; el exsecretario de organización y acción electoral, David Parada; el exsecretario general y portavoz, Robert Hernando; el exsecretario general y territorial en Tarragona, Augusto Armengol; la exsecretaria de las JIC, Mònica Lora; el exsecretario jurídico y delegado de Barcelona, Joan Garriga; el exsecretario territorial por Lérida, Eduard Pallerola; el exmiembro del comité de campaña Ignacio Mulleras; los exsecretarios territoriales por Barcelona y Gerona, Miguel Ángel Chiquillo y Moisès Font, respectivamente, y el exsecretario de economía, Daniel Ordóñez.

En su escrito de acusación, el abogado de la asociación denunciante Watani, Hilal Tarkou, pide la pena máxima de tres años de prisión y doce meses de multa. También reclama el pago de un euro de indemnización por cada voto que el partido obtuvo en aquellos comicios, por lo que el juez también ha abierto pieza separada de responsabilidad pecuniaria. El caso llegará próximamente a los juzgados de lo penal de Reus.