La CUP pide pruebas documentales y testificales para la pieza 3 de Innova
Solicita también que sea considerada compleja
18.000 euros 'abandonados' a los juzgados de Reus irán al Tesoro Público
La CUP presentó ayer escrito, tal como detallan fuentes de la formación al Diari Més, solicitando la práctica de nuevas pruebas documentales y testificales para la pieza 3 del caso Innova, la cual investiga presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación que se podrían haber cometido en el seno del Ayuntamiento de Reus y del holding Innova, entre 2003 y 2011, en el marco de las contrataciones de personal y contraviniendo la ley 7/2007 del Estatuto del Empleado Público. Después de siete años de instrucción que, a finales del pasado mes de octubre, desembocaban en el levantamiento del secreto de sumario sin que figure ninguno investigado, la voluntad de esta parte es hacer avanzar la pieza.
Entre los nombres que la CUP propone que el juez llame a declarar hay, según detallan desde el mismo partido, tanto personas que están investigadas en alguna de las piezas de la macrocausa que se sigue en el juzgado de instrucción número 3 de Reus como otros que «ni lo están ni tampoco tenemos ninguna intención que lo estén».
Plazos de instrucción
En paralelo, y teniendo en cuenta que el margen para hacerlo vencía esta semana, la CUP ha solicitado igualmente la consideración de compleja para la pieza 3, ya que «como la macrocausa ya es compleja, no pensamos que tenga que haber ningún problema con que la pieza lo sea también». La complejidad de la pieza, si acaba confirmándose, abrirá un plazo de un año y medio para completar la instrucción; mientras que este mismo plazo se limita a seis meses para las causas no complejas, según apuntan fuentes judiciales consultadas. Los dos márgenes son susceptibles de que se los apliquen prórrogas previa solicitud y se encontraban interrumpidos –el tiempo no contaba– durante la vigencia del secreto de actuaciones.
El magistrado dio forma a la pieza 3 de Innova el día 20 de noviembre de 2013 y la configuró en torno a «la contratación de Josep Prat como director general de servicios del Ayuntamiento de Reus, la de Joan Carles Ferraté como gerente de servicios del mismo Ayuntamiento o la de personal directivo de empresas dependientes de Sagessa». Al menos al momento de la abertura, hacía también referencia a las incorporaciones «del hijo de un concejal en la empresa Reus Esport i Lleure, la presencia de familiares de cargos políticos trabajando a Innova o el ejercicio del mando de la Guardia Urbana de Reus por una persona sin las credenciales necesarias», todos ellos «hechos de suficiente entidad como para proceder a la investigación judicial de los mismos».
La documentación relacionada con las diligencias previas contiene referencias a contrataciones de diferentes cargos que podrían haberse hecho «en dedo». El secreto de sumario lo había acordado el magistrado a su momento «esencialmente por el enorme riesgo de destrucción de pruebas que puede darse, así como el riesgo de sustracción de capitales». Desde 2012, la medida se prorrogaba cada mes.