«Hace falta reformar la Ley Electoral y no admitir partidos que incitan al odio»

Nacido en Marruecos, Hilal Tarkou se estableció en Cataluña ahora hace ya tres décadas. Antes de ejercer como abogado, trabajó en la construcción y lavando platos. Desde 2007 es el presidente de la asociación Watani, herramienta que le ha servido para actuar judicialmente contra la extrema derecha.

—¿Le preocupa el auge de la ultraderecha?

—Personalmente, lo he recibido como un ataque directo. Me ha hecho despertar y darme cuenta de que en la España querida que, hace más de 30 años, me acogió, no había eso. De golpe, he conocido otra, la de 4 millones de personas que han hecho suya la ideología de llamar al odio, a la violencia y a la discriminación. Y me pregunto dos cosas. Una es, ¿dónde estaban? Y la otra, ¿qué ha fallado? ¿Ha sido la educación? El día 9 me fuí a la cama pensando que estaba en total sintonía con mis vecinos y el día siguiente, sin decírmelo, me han hecho un aviso racista. Me sorprende. Entre los partidos que llaman a preservar los derechos, aquí hay uno que no respeta la ley, cosa que tiene que hacer por sus estatutos, y que acaba de obtener 52 escaños.

—¿Es lícito combatir en los juzgados partidos políticos que están legalmente constituidos?

—Sí, son legales, están legalmente constituidos, pero sus actos no son conforme la ley. En los estatutos no hay nada que se contradiga con el ordenamiento jurídico. Pero es que no dicen que fomentan el racismo. Si lo dijeran, no se podrían inscribir, tendrían finalidades contrarias a la Constitución. Los estatutos hablan de participación política, de trabajar por el interés común. Estoy seguro que el mismo estatuto que tiene Vox, o uno muy similar, lo tiene el PP, el PSOE, ERC, la CUP. Invito, desde aquí, a reformar la Ley Electoral y que no se permita la inscripción de ningún partido que incite al odio. Y hay que privar a los políticos del privilegio del aforo: tienen que recibir el mismo trato que cualquier persona.

—Ha presentado dos denuncias contra Vox, desde Reus, por incitación al odio.

—La primera de las dos, en marzo, fue contra Ortega Smith, por un vídeo donde él ataca a los musulmanes con una gran ignorancia y de manera brutal, presentándolos como «el enemigo, a combatir». El juez ha enviado una providencia al Congreso para que informe sobre si el investigado, porque se refiere a él así, es aforado o no. Eso determinará si procedemos aquí o si la causa va al Supremo.

—¿Y la segunda?

—Esta denuncia es más reciente y es contra Santiago Abascal e Iván Espinosa. No se puede permitir que ninguna persona, en los medios y ante una gran audiencia, diga que el 70% de los violadores imputados son personas inmigrantes. ¿En qué se basa? ¿Qué objetivo tiene? Estas preguntas se las tenemos que hacer a Abascal si los señores jueces nos dan la oportunidad. Y espero que así sea.

—También denunció PxC por la propaganda de 2011: cheques simulados de 4.000 euros a nombre de ‘Mohamed’.

—No conocía el partido y la abrí, y sentí el deber de denunciar. La causa está siendo larga y ha dado vuelcos. La cúpula vino a declarar, unas 13 personas. En una primera citación, Anglada dijo que no tenía dinero para desplazarse hasta Reus, pero después sí que lo tuvo que hacer. Creo que había golpes entre todos ellos. Al final, el abogado de los otros 12 me propuso ir sólo contra Anglada a cambio de que todo el resto testificaran contra él. No acepté. Si gano, las multas les utilizaré en denunciar los actos que atentan contra la convivencia.

—¿Por qué la RAE no admite que ‘moro’ es racista? ¿Lo volverá a pedir?

—Pienso que es interesante solicitarlo de nuevo, en este contexto, como mínimo para disminuir la conflictividad. Es una palabra despectiva, que tiene connotaciones racistas, y me parece importante que se ubique donde tiene que ubicarse. Ya sé que es patrimonio de la lengua española pero tiene que ocupar el lugar que le toca, también con respecto al derecho penal.

—En Reus, usted rechazó la prohibición del burka. El gobierno ha regulado los centros de culto y hacen falta dos años de empadronamiento para ciertas ayudas. ¿Esta es una ciudad amable?

—Reus no es racista y hace falta que no lo acabe siendo. Luchar contra gente que lleva un pañuelo en la cabeza y no contra quien hace daño es hipocresía política. Hay una ley de seguridad, la policía puede identificar a cualquiera que lleve la cara tapada. También hay una cosa que es la libertad religiosa, y las ordenanzas no pueden pasar por encima de los derechos. Por otra parte, establecer dos años de padrón para algunas ayudas, ni que no sean de emergencia, me indigna. ¿Por qué se hace? ¿Para limitar los derechos?