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El TSJC dice que «no hay ninguna justificación» para frenar Primera Instancia 8

La Sala de Gobierno insta al Departament de Justícia a «abrir los nuevos juzgados de la programación del 2019» y pide al CGJP que «elimine obstáculos»

Una imagen de archivo del edificio de los Juzgados de Reus.

Juzgados de ReusOlívia Molet

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La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha acordado pedir al Departamentde Justícia de la Generalitat «la entrada en funcionamiento de los juzgados de nueva creación correspondientes a la programación del 2019», entre el que se encuentra el juzgado de Primera Instancia número 8 de Reus que tenía que abrir el 31 de diciembre del 2019 y no lo hizo. El TSJC también pide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) «que adopte las medidas a su alcance para eliminar los obstáculos que impiden la puesta en marcha» de los mismos órganos.

El acuerdo, con un«sí» unánime, se tomó en la sesión del pasado 12 de noviembre, cuando todavía no había vencido la fecha fijada para la activación de lo que tendría que ser el octavo juzgado de Primera Instancia en Reus. Este y media docena más de órganos aprobados por el Ministerio de Justicia en Cataluña han quedado congelados después de que el Departamentde Justícia consumara el aviso que venía haciendo desde julio y donde advertía de la «necesidad» que el Ministerio «asuma el gasto» de los juzgados aprobados en el territorio en la programación del 2017 y en la del 2019 con el fin de implantarlos.

Acuerdo «incumplido»

Fuentes de la Generalitat consultadas hace pocas semanas confirmaban que Primera Instancia número 8 de Reus «no lo podremos poner en marcha» dentro de los plazos inicialmente planteados y adelantaban que tampoco «hay un nuevo calendario para hacerlo». La Generalitat gestiona los recursos humanos, tecnológicos, logísticos y materiales de la Administración de justicia.

En el texto de la proposición que finalmente prosperó, el TSJC recuerda que «había que esperar que los juzgados se pusieran en marcha a lo largo del 2019 en la medida que existía un acuerdo al respecto entre el Ministerio y el Departament» sin embargo «ya de entrada y sin ninguna justificación, se incumplió el acuerdo entre administraciones» cuando la fecha de apertura de dos de los órganos incluidos enla programación, Primera Instancia e Instrucción número 8 de Arenys de Mar y 6 de Vic, se aplazó hasta el 2020 y el 2021. En aquel momento, la Sala de Gobierno ya instó «al Departamentde Justícia de la Generalitat, el Ministerio de Justicia y el CGPJ a que eliminen todos los obstáculos que impidan la rápida y plena dotación de todos los órganos judiciales creados en el ámbito del TJSC». La activación del resto de los juzgados, entre los cuales Primera Instancia 8 de Reus, quedó fijada para el 31 de diciembre del 2019 y el CGPJ ofreció las plazas de magistrado a concurso. «Ante la insólita actuación del Departament», añade la Sala en el cuerpo de su acuerdo, el mismo CGPJ se ha visto más tarde «obligado» a retirar de concurso las plazas de los juzgados que no se abrirían.

La Sala muestra en el acuerdo una «profunda decepción por la actuación del Departament, que denota una falta de previsión impropia de quien está obligado a prestar un adecuado servicio en orden a favorecer la efectividad de la protección judicial de los derechos de los ciudadanos». Y aunque «no nos corresponde dirimir el cumplimiento de los acuerdos de financiación que puedan existir entre el Ministerio de Justicia y el Departament para la puesta en funcionamiento de los juzgados», valora que «no se llega a entender cómo puede el Departamentprestar la conformidad» a la aprobación de los nuevos juzgados «sin asegurarse de que tenía la financiación necesaria», especialmente «si todavía no había recibido del Ministerio la transferencia económica correspondiente a la inversión realizada por la implementación de los 14 órganos judiciales de la programación del 2017».

«Desinterés» hacia los ciudadanos

El TSJC, a través de su Sala de Gobierno, «reitera» que «los retrasos en la puesta en marcha de juzgados en Cataluña no encuentran ninguna justificación y evidencian el absoluto desinterés de la Administración hacia los ciudadanos que acuden a demanda de servicios judiciales, perjudicando de esta manera su derecho a la tutela judicial efectiva». Recientemente, tanto el magistrado decano de los Juzgados de Reus, Diego Álvarez de Juan, como la decana del Col·legide l'Advocacia de Reus, Encarna Orduna, han reclamado la apertura de Primera Instancia 8 de Reus, el cual consideran «esencial». El espacio para ubicarlo en el edificio de los Juzgados ya se había habilitado y el calendario de guardias estaba preparado.

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