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El Tribunal de Contratos suspende la licitación de la recogida de basura en Reus

Aplica medidas cautelares a raíz del recurso presentado por Fomento Valencia Medioambiente y FCC Medio Ambiente contra el pliegue y la adjudicación se demorará

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El Tribunal de Contratos suspende la licitación de la recogida de basura en ReusOlívia Molet

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El Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (TCCSP) ha resuelto «suspender provisionalmente el procedimiento de contratación» del servicio de limpieza del espacio público y de recogida de la basura en Reus, el cual impulsaba el Ayuntamiento desde el 4 de noviembre del 2019 después de más de dos años de prórroga del vínculo con FCC. El acuerdo, que tiene fecha de este 15 de enero, no se puede recurrir y demorará considerablemente la adjudicación. El pasado 22 de noviembre, tal como adelantó Diari Més, el TCCSP recibió un recurso especial en materia de contratación contra el pliegue de cláusulas administrativas particulares y el pliegue de prescripciones técnicas de la licitación. El recurso, que pedía la aplicación de la medida cautelar que ahora ha quedado aprobada, lo impulsaron las empresas Fomento Valencia Medioambiente SL y FCC Medio Ambiente S. A., tal como detalla el dictamen consultado por este rotativo.

La misma resolución concreta que «en fechas 25 y 27 de noviembre del 2019, la Secretaría Técnica del Tribunal solicitó en el órgano de contratación –el Ayuntamiento– el envío del expediente de contratación y los informes correspondientes, así como también su pronunciamiento expreso sobre la adopción de las medidas cautelares solicitadas por las empresas recurrentes en el escrito de interposición de recurso». Y que «a lo largo del mes de diciembre del 2019 tuvo entrada la documentación» y «el informe respectivo del órgano de contratación a través del cual se oponía a la adopción de estas medidas».

Evitar «perjuicios irreparables»

El TCCSP ha acordado suspender igualmente el proceso de contratación, de forma cautelar, porque considera que «atendiendo a la impugnación del acto objeto de recurso, de la lectura de los motivos que fundamentan la interposición de los recursos se desprende que, en el caso de continuarse con el procedimiento de contratación, el riesgo de la efectividad de la resolución del recurso de referencia y los perjuicios que podrían derivarse para las empresas recurrentes serían de difícil o imposible reparación». Será a partir de este momento, pues, que el Tribunal entrará a valorar la cuestión de fondo del recurso con el fin de emitir, próximamente, un nuevo dictamen que determinará si la licitación de la basura queda anulada y empezar de cero, si tiene que rehacerse alguno de los pliegues que la rigen o bien si las pretensiones que han formulado Fomento Valencia Medioambiente SL y FCC Medio Ambiente S. A. son desestimadas y el concurso público se reanuda. La suspensión cautelar «no comprometerá el sentido final de la resolución del recurso».

La maquinaria está bajo mínimos

Sea como sea, el movimiento realizado por ambas empresas generará retrasos importantes en la adjudicación del nuevo contrato para cubrir un servicio que ya se encuentra prorrogado. Los trabajadores que ahora lo ofrecen a través de la empresa FCC –una de las dos que ha presentado recurso y que, en este escenario, continuará ligada al Ayuntamiento por un tiempo extra– exigían precisamente el lunes «mantener una reunión con el alcalde para recibir explicaciones sobre la impugnación del contrato y las consecuencias que tendrá en el proceso». La plantilla, que tiene unos 220 empleados, opera «bajo mínimos» con respecto a medios materiales y «sólo un 30 o un 40% de la maquinaria está en condiciones», tal como explicaba el secretario general de saneamiento urbano de UGT en la demarcación de Tarragona, Ángel Martín de Sande. De Sande ya adelantaba que, aunque «ponemos por delante el diálogo», si el encuentro no tiene lugar antes de febrero «valoraremos hacer movilizaciones».

El contrato de la basura tiene un presupuesto de cerca de 13,2 millones de euros el año y admitió propuestas hasta el 23 de diciembre. Los pliegues se aprobaron en el pleno del 25 de octubre –dónde centró una hora de debate– con los votos del gobierno y del grupo de Cs, la abstención del PSC y el «no» de la CUP, que ha apostado siempre por la internalización. El proceso acumula unas 170 dudas y preguntas de empresas.

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