«Trabajamos en una subvención ágil en los 184 municipios por los efectos del coronavirus»

—Qué medidas ha tomado, hasta ahora, la Diputación ante la crisis del coronavirus?

—Primero, atender la emergencia sanitaria y social: cerramos los centros educativos y pasamos de la atención presencial a la telemática. Después compramos equipos de protección individual (EPI). En un principio pensábamos en abastecer los municipios de menos de 5.000 habitantes pero ahora hemos tenido que empezar por los menores de 500 y así iremos subiendo. Últimamente, hemos comprado EPI para el personal de atención a domicilio de los 10 consejos comarcales de la provincia. Las obras a la vía pública y que no respondían a algún tipo de urgencia las paramos todo y que las brigadas sí que actúan si hay algún caso necesario, como lo es la activación del Neucat. Identificamos los servicios esenciales de la Diputación, con nombre y apellido de los trabajadores que tendrían que prestarlos por teletrabajo. Y estamos tratando de ofrecer formación a nuestro personal para aprovechar el tiempo.

—También se han realizado ajustes en otros aspectos.

—Los principales destinatarios de la Diputación son los ayuntamientos, que son las administraciones que ahora están más cerca de la ciudadanía y tienen que adoptar medidas. Tienen que disponer de liquidez y, por eso, desde BASE aplazamos los tributos locales que paga la ciudadanía pero hacemos igualmente los anticipos ordinarios: aunque no ingresamos, sí que pagamos las cantidades que corresponden a los municipios que nos tienen delegados los tributos. Así, hace un par de semanas, inyectamos 22 millones de euros. No nos detengamos y paguemos todas las facturas que podemos hacer de manera telemática y los contratos de obras. Toda la maquinaria que moviliza dinero hacia empresas y ayuntamientos no la hemos parado porque la liquidez es indispensable.

—Cuándo está previsto recuperar la actividad política?

—estamos mirando cuando podríamos hacer un pleno de manera virtual por si tenemos que adaptar el presupuesto y hacer alguna modificación de crédito, cosa que seguramente será necesaria, para tener seguridad jurídica total y asegurar la participación de todos los diputados y diputadas. Estamos en contacto continuo tanto el gobierno como con los portavoces del resto de grupos y se les hace llegar la relación de todos los decretos de presidencia que se adoptan. Y estamos pensando si podríamos dotar los ayuntamientos de una subvención que sea muy ágil y muy flexible, pero que les permita hacer frente a todos los efectos negativos del coronavirus. Sabemos que hay efectos inmediatos del ámbito sanitario y social pero también tendremos que afrontar un impacto económico y de ocupación donde harán falta recursos. Aparte, ya tenemos un instrumento muy potente que es el PALMO y trabajamos para agilizar la convocatoria y que los ayuntamientos ingresen más dinero y los destinen donde crean oportuno: gasto corriente o inversión. Ellos son realmente los que saben qué conviene a cada municipio.

—Cómo se han obtenido los EPI en un momento en que se habla de escasez de material y trabas para adquirirlo?

—Realmente hay dificultades. Hay una serie de proveedores con quien habitualmente trabajamos y vimos oportuna una compra centralizada por todos los municipios de la provincia. Hacerlo de uno en uno puede resultar más complicado y caro, y conjuntamente puede ser más fácil y con precios más accesibles. Sin embargo, está siendo muy difícil porque hay demanda a nivel mundial y la oferta cada vez es más escasa. Hemos priorizado proteger a los trabajadores que están en contacto con personas porque lo necesitan: brigadas, Guardia Urbana, los trabajadores sociales, atención a domicilio.

—La situación es más difícil en los municipios pequeños?

—En los pequeños siempre todo es más complicado porque hay menos recursos económicos y humanos que a un ayuntamiento de una ciudad mayor, que tendrá otros problemas y muy complejos. En la mayoría de los casos, no tienen personal administrativo excesivo. A veces, tienen que ser los mismos concejales los que hacen los trámites. Aquí está donde la Diputación tiene que poner más énfasis. Por ley, de hecho, las diputaciones tienen la obligación de cubrir, en primer lugar, las necesidades de los municipios más pequeños. Pueden tener dificultades en el tema de limpiezas, en la atención domiciliaria...

—Y con respecto a la repercusión económica?

—Tendremos todos, los pequeños y los grandes. E impacto social y de empleo, también. Un estudio de la URV apunta que la provincia sufrirá. Por eso, aparte de trabajar en la inmediatez, pensamos en herramientas para cuando se levante el estado de alarma. Y lo queremos hacer ya y de manera consensuada con la cuádruple hélice: la URV, que aporta el conocimiento; el ámbito institucional, la Diputación; el ámbito empresarial, el sector productivo y sindical; y el ámbito civil y social. Entre todos, tenemos que hacer el análisis y proponer medidas. Las que estén en nuestras manos, las adoptaremos; las que no, ya presionaremos a quien que corresponda: Generalidad, Estado o Unión Europea. En momentos de crisis, las administraciones tienen que hacer gasto, contratar, favorecer el consumo. Las políticas keynesianas que dicen eso chocan con las limitaciones de dar cumplimiento a la normativa tan estricta sobre estabilidad presupuestaria. Desde el mundo local, pedimos que se nos dé flexibilidad.

—Por qué es importante movilizar el superávit y tener flexibilidad en el gasto?

—Si tenemos claro que, en un momento de crisis, tenemos que gastar más pero, en cambio, se nos pone un tope, no podremos. También se nos dice que podemos gastar el superávit pero se nos limita en qué se lo podrá destinar. La administración local es de las más saneadas, a diferencia de la autonómica o del estatal. Ha hecho los deberes.

—Cuáles son las adaptaciones al presupuesto que hará la Diputación?

—Creo que pasará con todas las administraciones. En una situación no prevista, las prioridades y las necesidades cambian. Lo que habíamos programado destinar a la atención a las personas, lo tendremos que incrementar, así como lo que destinábamos a los ayuntamientos por gasto corriente. Como han quedado paralizados muchos plazos, habrá obras que no las podremos llevar a cabo y tendremos que centrarnos en otras acciones. El presupuesto era válido pero ahora ha venido una fuerza mayor que nos hará replantear nuestras políticas y centrarnos en lo que es más urgente: atender a las personas y dinamizar y reactivar la economía de la provincia.

—Hablaba de generar una subvención específica por las consecuencias de la pandemia. ¿Cómo será?

—La idea de que estamos trabajando es mirar de qué partidas actuales del presupuesto podemos disponer para reorientarlas hacia unas fuentes de ingresos que sean más ágiles y sin concurrencia competitiva hacia los municipios, para que tengan liquidez y decidan las medidas que quieren llevar a cabo en función del impacto que haya tenido para ellos el coronavirus. Este tipo de subvención específica complementará el PALMO, del cual ya tenemos aprobadas las bases. Le estamos dando vueltas pero tenemos claro que tiene que ser muy flexible y de fácil acceso. La cantidad sería la más alta posible, dentro el que podamos. Ya hablaremos de 20-21 millones con el PALMO y, en eso, querríamos irnos a entre 7 y 10 millones más para todos los 184 municipios de la Diputación. También tenemos que saber qué ayudas recibirán de la Generalitat y del Estado, que tienen que contribuir porque tienen presupuestos mucho más elevados que la Diputación. Del 2008 aprendimos que nadie puede quedar atrás y que no podemos trasladar el coste de la crisis a la ciudadanía ni a los municipios. Europa tiene que demostrar la solidaridad.

—Hasta cuándo puede ser sostenible la situación para la administración provincial?

—Hoy por hoy, con la rigidez de la normativa de estabilidad presupuestaria, podemos aguantar, yendo pagando los adelantos sin pedir tributos a la ciudadanía, hasta junio. Tenemos este músculo y tenemos los números muy bien saneados pero llegará un momento que no será sostenible y tendremos que empezar a pensar al levantar medidas de aplazamiento en no ser que se nos flexibilice y se nos dé la posibilidad de hacer más gasto, endeudar y decidir sobre el superávit. Cualquier ayuntamiento puede aguantar dos o tres meses, pero no demasiado más.

—La emergencia sanitaria golpea fuerte, entre otros, el sector turístico, que tenía que elevarse en esta época.

—Tenemos el Patronato de Turismo que colabora con de todas las administraciones y con la asociación de empresarios hoteleros y de la restauración y, como institución, trabajaron en esta cuádruple hélice para hacer la diagnosis en todos los sectores y en este, que es uno de los importantes de la provincia, igual que el químico y el agroalimentario. Son puntales de la demarcación y hace falta que estudiemos medidas que les convengan. El turismo requerirá de nuestro apoyo.

—Usted presidió el Hospital de Reus y conoce a fondo el sistema sanitario. ¿Como voz la respuesta a Tarragona?

—La respuesta de todo el mundo que trabaja al ámbito sanitario es de diez. Van más allá de sus posibilidades, dejándose la piel y, a veces, arriesgando su propia salud. Y desde la conselleria de Salud se está haciendo una cantidad de trabajo. Como Diputación, estamos coordinados con la Región Sanitaria del Campo de Tarragona y la de las Tierras del Ebro. Hicimos donación de guantes de nitrilo que teníamos a nuestros centros de educación especial que fueron a los hospitales de Reus, Tarragona y Tortosa. También hemos puesto a disposición nuestra flota de vehículos y personal. Y, si hace falta ampliación de camas en otros equipamientos porque hacen falta para hacer hospitales temporales, la Diputación pondrá a disposición edificios de su titularidad.