La fiscalía pide archivar la causa por un supuesto delito de odio contra el alcalde de Reus y cuatro portavoces

En un escrito del 2 de abril notificado este mismo lunes en las partes, la fiscalía considera que no hay indicios de delito para abrir el procedimiento abreviado y pide el sobreseimiento provisional de la causa al juzgado de instrucción número 2 de Reus. Entre otros aspectos, el fiscal hace referencia al auto del TSJC de junio de2018 que descartó que los policías fueran un colectivo vulnerable que pudiera considerarse víctima de un delito de odio.

Además, el ministerio fiscal expone que, según los investigados, el manifiesto que se leyó el 3 de octubre en la plaza Mercadal está amparado por la libertad de expresión, y recuerda que el pluralismo político, la libertad ideológica, la libertad de expresión, y la libertad de reunión y manifestación son derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

Sobre la concentración que se hizo después de la lectura del manifiesto delante del hotel Gaudí, donde se alojaban policías, el fiscal señala que la multitud se reunió lanzando consignas instando a la expulsión de los agentes durante unos 40 minutos. Sin embargo, precisa que ningún manifestante consiguió acceder dentro del establecimiento, que no constan daños en el hotel, ni ningún altercado, incidente o agresión a alguno de los policías alojados.

Los días previos al 3 de octubre del 2017, añade al fiscal, ya había habido «varias concentraciones en el hotel Gaudí con gritos y consignas similares, de manera que las expresiones utilizadas en el manifiesto por los investigados se enmarcan en un contexto de polémica política sobre los hechos ocurridos el 1 de octubre de2017».

El fiscal, incluso, recurre a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de julio de 2011 que, en el ámbito de la libertad de expresión, «entiende admisible en la emisión de una opinión un cierto nivel de exageración o provocación cuando se debate un tema de interés general».

Por otra parte, la fiscalía señala que no consta que el alcalde Pellicer o los portavoces municipales hicieran «gestiones personales y directas» para que se cancelara el alojamiento de los policías en el hotel.

En esta línea, la fiscalía recuerda que en el juzgado de instrucción y en el Tribunal Supremo, el director del hotel dijo que no había habido ninguna cancelación anticipada y que los policías se marcharon del hotel el día que acabó la reserva. También lo corroboró, añade, un inspector jefe del cuerpo, quien declaró que no se iba por las presiones sino porque no había plazas, y que el hotel ya les comunicó desde el principio que «a partir de ciertas fechas tenían las habitaciones reservadas».