Pellicer: «La causa del 3-O no tendría que ser y espero que se archive»

La fiscalía ha pedido que se archive la causa abierta por un supuesto delito de odio contra el alcalde de Reus, Carles Pellicer, y cuatro de los portavoces –Montserrat Vilella (PDeCAT), Noemí Llauradó (ERC), Mariona Quadrada (CUP) y Jordi Cervera (Ara Reus)–, a raíz del manifiesto leído en el Mercadaldos días después del 1-O en rechazo de la violencia policial y para pedir la retirada de los agentes enviados a Catalunya en la operación Copérnico . En el escrito, avanzado porTarragonadigital y queha podido consultar el DiariMés, la fiscalía recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya consideró que «no cualquier colectivo o grupo social de personas puede ser víctima de delito de odio, sino sólo aquellos que puedan considerarse vulnerables». Además, según el ministerio público, la protesta posterior a la concentración en el Mercadal, ante el Hotel Gaudí donde se alojaban policías, se enmarca en un contexto de «polémica política» y está amparada por la libertad de expresión.

Pellicer valoraba ayer, después de conocer el sentido del escrito de la fiscalía, que «siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo que actuamos con responsabilidad y con libertad de expresión, y que aquí no puede haber ningún delito» y valoraba que «la causa del 3-O no se tendría que haber abierto nunca». El alcalde tiene «total confianza que eso se archivará» y recuerda que «la libertad de expresión es un derecho fundamental» y que «del delito de odio ya se ha hecho un abuso, y en este caso no se puede dar porque la policía no es un colectivo vulnerable». «La causa empezó con 20 personas y hemos tenido que aguantar dos años y medio pendientes de la justicia», lamentaba, y recordaba que «en esta situación hay muchas más personas que no tendrían que encontrarse así».

«No tiene demasiado sentido»

A su vez, la entonces portavoz de ERC y ahora vicealcaldesa, Noemí Llauradó, valoraba también ayer que «ya hace dos años que eso va y no lo tienes presente cada día pero es una cuestión que preocupa, y más teniendo en cuenta que es una causa que no tenía demasiado sentido». «Ejercimos la libertad de expresión ante la ciudadanía que estaba preocupada y, como representantes, entendimos que actuábamos correctamente leyendo un manifiesto», añadía, y decía que «la causa del 3-O, como muchas otras, no tiene ni pies ni cabeza y forma parte de una causa general contra el independentismo». La vicealcaldesa ha recibido con «satisfacción» la petición de sobreseimiento de la fiscalía.

El caso arrancó a raíz de una denuncia de la policía española y, después de llegar a sumar cerca de una veintena de personas investigadas, en diciembre del 2018 el juzgado número 2 de Reus cerró la instrucción y dejó a un paso de juicio Pellicer y los cuatro portavoces por los supuestos delitos de incitación al odio y contra la integridad moral.

En un escrito del 2 de abril notificado ayer en las partes, la fiscalía considera que no hay indicios de delito para abrir el procedimiento abreviado y pide el sobreseimiento provisional de la causa al juzgado de instrucción número 2 de Reus. Entre otros aspectos, el fiscal hace referencia al auto del TSJC de junio del 2018 que descartó que los policías fueran un colectivo vulnerable y susceptible de considerarse víctima de un delito de odio. En más, el ministerio fiscal expone, que, según los investigados, el manifiesto que se leyó el 3-O en el Mercadal está amparado por la libertad de expresión, y recuerda que el pluralismo político, la libertad ideológica, la libertad de expresión, y la libertad de reunión y manifestación son derechos fundamentales recogidos en la Constitución.

Sobre la concentración que se hizo después de la lectura del manifiesto delante del Hotel Gaudí, el fiscal señala que la multitud se reunió lanzando consignas instando a la expulsión de los agentes durante unos 40 minutos. Sin embargo, precisa que ningún manifestante accedió dentro el establecimiento, y que no constan daños en el hotel, ni ningún altercado, incidente o agresión a policías.

Los días previos al 3 de octubre del 2017, añade al fiscal, ya había habido «varias concentraciones en el hotel Gaudí con gritos y consignas similares, de manera que las expresiones que se utilizaron en el manifiesto por los investigados se enmarcan en un contexto de polémica política sobre el 1 de octubre del 2017». El fiscal, incluso, recurre a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de julio de 2011 que, en el ámbito de la libertad de expresión, «entiende admisible en la emisión de una opinión un cierto nivel de exageración o provocación cuando se debate un tema de interés general».

Por otra parte, la fiscalía señala que no consta que el alcalde Pellicer o los portavoces municipales hicieran «gestiones personales y directas» para que se cancelara el alojamiento de los policías en el hotel. En esta línea, la fiscalía recuerda que en el juzgado de instrucción y en el Tribunal Supremo, el director del hotel dijo que no había habido ninguna cancelación y que los policías se marcharon el día que acabó la reserva.