Política
Martín: «Ha habido un divorcio entre el gobierno y la ciudadanía de Reus»
El PSC lamenta la gestión «gris y sin ambición» en el primer año de mandato de JxR, ERC y Ara Reus
Los primeros 12 meses de gobierno de Junts per Reus, ERC y Ara Reus han servido al PSC para «comprobar que disponer de mayoría no significa disponer de un instrumento bueno para la ciudad y constatar que ha habido un divorcio entre el gobierno y la ciudadanía de Reus como no se ha visto nunca». El portavoz socialista, Andreu Martín, y sus cinco compañeros de grupo han hecho hoy martes balance público de este año de mandato donde «ha quedado muy claro que la visión de ciudad del gobierno es completamente irreal y su supuesta buena gestión es totalmente ficticia». El PSC lamenta que «las mayorías no son buenas si quién las integra no tiene ninguna intención de poner a las personas en el centro» y critica la decisión de cerrar el Mercat del Carrilet, las quejas por inseguridad en el barrio de la Sardana, la redefinición de la movilidad al núcleo «haciendo ver que tiene el apoyo de todo el mundo cuando no están las encuestas» o la fórmula con que se ha desarrollado una Festa de Sant Pere donde «no se ha contado con todos».
Como «el PSC es un partido de gobierno», el grupo se ofrece ahora a «hacer de consejeros matrimoniales». Por eso, en este tiempo, el equipo que forman Hèctor Fort, Ana Martínez, Sandra Guaita, Daniel Marcos y Carmina Pozuelo, con Martín al frente, ha presentado un total de 16 propuestas de resolución y mociones al pleno, el 50% de las cuales han prosperado. El jefe de la oposición apunta que «el voto en contra del gobierno ha hecho, en algunas ocasiones, que no se aprobaran iniciativas favorables para la ciudad» aunque «ya sabemos que superar una propuesta con el apoyo del gobierno tampoco quiere decir nada». Recuerda, al mismo tiempo, que «cuando no estaban en mayoría, ya actuaban como si fuera así; y ahora que sí que lo están, en algunas cuestiones en las que hemos tendido la mano nos han dicho que no somos necesarios». Con todo, los socialistas apuestan por «una oposición constructiva», igualmente conscientes de que la COVID-19 ha dado lugar a un escenario complicado.
El Hospital, el Carrilet y la basura
El PSC rechaza la determinación de «regalar el Hospital» porque «es fruto de la mala gestión, la incapacidad y la dejadez del gobierno» y porque «desprenderse de una empresa municipal, patrimonio de todos los reusenses y reusenses, es negativo y muy triste». Destaca, también, los «preocupantes índices de reciclaje» y el «disparate» de la subida de impuestos, que califica como «un golpe bajo a la ciudadanía». También que «no se ha construido ni una sola vivienda social aunque el alcalde prometió que se harían 1.000 este mandato». El grupo valora, igualmente, que «la ordenanza de civismo prohíbe y sanciona» y que «las modificaciones que propone el gobierno no apuestan por mejorar la convivencia en la ciudad». Al mismo tiempo, reclama «un nuevo servicio de recogida de la basura yintensificar la limpieza de las calles ante las quejas que recibimos de los vecinos» así como que «se ponga solución al desbarajuste en el ámbito educativo y a las desigualdades entre centros que han provocado sus criterios. Los socialistas insisten en la irracionalidad del cierre del Mercatdel Carrilet y se preguntan «¿por qué no se ha hecho una consulta por preguntar a la ciudadanía si quieren que continúe o no?».
«Hacen daño a la institución»
En relación al rol que ha jugado ERC a la ejecución, y al peso que sus concejales le otorgan, Martín ha expresado que la formación que lidera Noemí Llauradó «ha apuntalado un gobierno conservador, rancio y opuesto a su ideario de izquierdas a cambio del lucimiento de un cargo público y con una estrategia comunicativa de acumulación de fotos». Sobre el PALM, el socialista ha valorado que Reus no tiene y ha dicho que «no hay ninguna planificación ni a cuatro ni a diez años vista». La gestión «gris, poco ambiciosa y sin capacidad para transformar la ciudad» que el PSC atribuye a Junts per Reus, ERC y Ara Reus «hace daño a la institución y eso lo acaba pagando la ciudadanía».