El TSJC reclama la creación de dos juzgados de lo social más en Reus y Tarragona

Los juzgados de lo social de Reus y Tarragona están «saturados», con una carga de trabajo que supera en un 80 y un 75% respectivamente el módulo legalmente previsto. El de Reus, en especial, «es lo que ha tenido mayor entrada de asuntos de todos los sociales de la provincia» durante el año pasado, a pesar de ser también «lo que más ha resuelto y al mismo tiempo lo que menor pendència acumula, hecho por el cual se tiene que destacar su esfuerzo». Estas son algunas de las conclusiones que se desprenden de la memoria 2019 de lo Audiencia Provincial de Tarragona, firmada por el presidente Joan Perarnau, que pide la puesta en marcha de dos nuevos órganos –los cuales serían el Juzgado de lo Social número 4 de Tarragona y el Juzgado de lo Social número 2 de Reus– para aliviar la carga que los actuales afrontan. La petición lo ha recogido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que la incluye en los 37 juzgados y 18 plazas que propone generar en Cataluña en el marco del plan de creación de órganos judiciales para el 2020. A instancias de la Audiencia, el TSJC también reclama una plaza de magistrado a la Sección Civil tercera y un juzgado de primera instancia más –el número 9– al partido de Tarragona.

En detalle y según los datos de la memoria, en el único Juzgado de lo Social de Reus entraron el año pasado 1.289 asuntos, un 15% más que el año 2018, y se resolvió 1.267 que son un 22% más. También se registraron 151 ejecutorias. El máximo legal previsto por año en los juzgados de lo social es de 800, sumando ambos conceptos. El órgano tiene un tiempo medio de respuesta de 7,3 meses.

A su vez, en los tres juzgados de lo social de Tarragona se entregaron en el 2019 un total de 3.512 asuntos –1.171 por término medio por juzgado y un 11,2% más que en el 2018– y se resolvieron 2.948. Asimismo ingresaron 721 ejecutorias. El tiempo de respuesta es de 11 meses y el número 2 es el que está peor. El escenario «es realmente preocupando excepto a las Terres de l'Ebre» donde, en general a todas las jurisdicciones, este «es correcto y es mucho mejor que en las del Camp».

Primera Instancia 8 de Reus

En los juzgados de primera instancia se perfila igualmente el colapso. Entre los seis que hay en Reus –el séptimo está especializado en Familia–, el año 2019 ingresaron hasta 8.119 asuntos y 1.963 ejecutorias, y la carga supera en un 45% el módulo de 1.200 por juzgado. Para tratar de revertir la situación, se aprobó la creación del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Reus, que tenía que haber entrado en funcionamiento el 31 de diciembre del 2019 y está todavía ahora paralizado. Aunque el TSJC, el juez decano de Reus y el Colegio de la Abogacía lo reclaman, la Generalitat exige al Ministerio de Justicia que asuma los gastos y no lo activa.

Por su parte, el Juzgado de Familia de Reus, que trabaja desde septiembre del 2018, sobrepasa en un 35% el módulo legalmente previsto con respecto a la carga de trabajo.

También dentro del ámbito de la primera instancia, en el partido judicial de Tarragona se ha detectado sobrecarga en los ocho juzgados existentes. Esta estaría justificada, al menos en parte, porque «al habérsele atribuido la competencia provincial exclusiva y excluyente en el Juzgado número 8 para el conocimiento de las condiciones generales de contratación de la provincia, eso supuso un incremento de la carga de trabajo significativo para el resto», tal como detalla la memoria del Audiencia Provincial. Por eso el TSJC pide uno nuevo, el número 9.

La macrocausa Innova

La situación de los juzgados de instrucción no es de las que más pone en alerta la Audiencia. La memoria sí que concreta sobre el partido judicial de Reus, sin embargo, que «preocupa especialmente alguna causa cuya instrucción está acumulando años de duración» y hace una referencia explicita al «Caso Innova, iniciado el año 2012».

Violencia sobre la Mujer

En relación en los juzgados de violencia sobre la mujer, la Audiencia ha constatado que, en todos, «la carga no llega ni de lejos a los módulos fijados» y «el funcionamiento tendría que ser óptimo». La cantidad de trabajo también es «óptima» a los dos contenciosos administrativos que hay en la demarcación y en el Juzgado de Menores de Tarragona –el único en el territorio–, donde «es excesivo el tiempo de respuesta» de 12 meses. Por el contrario, en el Mercantil –también hay uno solo, en Tarragona-, el trabajo está un 109% por encima de lo que tendría que ser y el tiempo de respuesta es de 25 meses. Así las cosas «hace falta mantener el refuerzo y, si sigue el volumen en los próximos años, hay que solicitar la creación de un nuevo juzgado». Los juzgados de lo penal de Reus y Tarragona también «han sido reforzados y lo tienen que seguir estando».

El edificio judicial de Tarragona

Dentro de las propuestas que Perarnau plantea incluidas a la memoria 2019 de la Audiencia, hay implantar la mediación intrajudicial, promover la conformidad penal, más protección para las víctimas de delitos, impulsar con la Generalitat la necesidad de construir el nuevo edificio judicial en Tarragona capital y la superación del ámbito competencial de los partidos judiciales.