Lleida y Reus promueven un frente común de ayuntamientos contra el control estatal del remanente municipal

Los ayuntamientos de Lleida, Reus, Madrid, Bilbao, Cádiz, Granada, Murcia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza han acordado redactar un comunicado conjunto para mostrar su rechazo a la cesión del remanente de los entes locales al Estado, una medida acordada por el gobierno del PSOE con la FEMP. La voluntad es sumar las adhesiones de muchos otros ayuntamientos de todo el Estado, en concreto de capitales de provincia y municipios de más de 100.000 habitantes. El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, considera que supone «una intromisión del Estado en la autonomía local difícilmente justificable» y, a la vez, comporta «un tratamiento desigual de los ciudadanos» en función de la situación financiera del municipio donde residen.

Los alcaldes de diez ciudades del Estado, entre los cuales los de Lleida, Miquel Pueyo, y Reus, Carles Pellicer, han mantenido este viernes una reunión telemática en que han acordado crear un frente común de grandes ciudades en contra del Real Decreto Ley 27/2020, de 4 de agosto, acordado por el gobierno del PSOE con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que prevé que los entes locales puedan ceder todo el remanente de tesorería para poder utilizarlo para la reactivación socioeconómica. En concreto, establece que los ayuntamientos podrán utilizar el superávit del 2019 y que los que quieran tendrán que ceder en préstamo a la administración del Estado la totalidad de sus remanentes de tesorería que les serán devueltos en un plazo de diez años.

La reunión, promovida por el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha reunido alcaldes de diferentes formaciones políticas como son ERC, JxCat, Unidas Podemos, PP, Cs, BNG, PNV y Coalición Canaria pero ninguno del PSOE. Algunos de los cuales en representación de consistorios que cerraron en negativo en el 2019 mientras otros obtuvieron superávit. Todos ellos han acordar redactar un comunicado conjunto de rechazo al Real Decreto Ley, que tendrá que ser convalidado en septiembre por el Congreso. A la vez, los alcaldes solicitan reunirse con la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, para reclamar al Estado que haga marcha atrás y se replantee esta medida que los alcaldes consideran una «intromisión en la autonomía local».

El alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha explicado que la voluntad se hacer extensivo el documento, que se acaba de redactar, en el resto de ayuntamientos de capitales de provincia del Estado y de ciudades de 100.000 habitantes. En este sentido, Pueyo confía en una «cascada» de adhesiones de otros consistorios como el de Valencia que ya ha anunciado su apoyo.

El comunicado, que está previsto que los diez alcaldes firmen este mismo viernes, incluirá demandas tanto de consistorios que tuvieron superávit en el 2019, como es el caso de Reus, o de otros que no obtuvieron, como Lleida. Pueyo ha señalado que «la solución acordada por el gobierno español y la FEMP «no gusta a muchos municipios que no tenemos remanente pero tampoco a muchos que sí tienen y que no quieren que el Estado les diga cómo tienen que gastar este remanente».

Según el alcalde de Lleida, «el Estado está diciendo a los ayuntamientos que no tienen ahorros, dádmelos que yo os los administraré y ya os los iré devolviendo», y «en los que no tenemos, ya os lo haréis si no tenéis remanente». Eso, supone una «desigualdad palmaria» con respecto a los ciudadanos en función de sí el municipio donde viven obtuvo o no superávit. Pueyo ha indicado que «el PSOE se queda solo a la hora de avalar» esta medida y confía en que «difícilmente pueda sacar adelante en septiembre» sin los apoyos de otros grupos dal Congrés.

El alcalde de Lleida ha reiterado que «la insuficiente financiación» de las administraciones locales es un «problema crónico» y ha remarcado que los ayuntamientos son las administraciones que «han sido y están en primera línea» para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos ante la crisis de la covid-19 y también lo estarán en la etapa post-covid.