Reus es el municipio de más de 50.000 habitantes con el IBI más alto del Estado

El coeficiente del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en Reus, situado este ejercicio 2020 en un 1,0476%, es el más elevado de entre todos los municipios del Estado que tienen más de 50.000 habitantes, según las estadísticas hechas públicas por el Ministerio de Hacienda. El gobierno local ha aplicado una subida del 9,7% en relación a la cifra del 2019, que entonces se quedaba en un 0,9545%, y justifica la decisión por los «incrementos del IPC de los últimos 8 años (7,7%) más un aumento del 2% para garantizar la continuidad de los servicios». Así, como ejemplo, por un inmueble valorado en 50.000 euros –hablando, siempre, del tipo urbano–, la cantidad que el propietario tendría que desembolsar en concepto de IBI se sube a los 523,8 euros. Ayer mismo expiró el plazo, prorrogado por el Ayuntamiento a raíz delestado de alarma, de que disponía la ciudadanía para pagar el impuesto.

Fuentes municipales consultadas detallan que «si bien el tipo que se aplica es este, hay que diferenciar coeficiente de cuota. Es decir, el valor catastral de los inmuebles en Reus es más bajo que en otras ciudades, por lo cual, para poder alcanzar los mismos ingresos, se tiene que aplicar un tipo impositivo más elevado». «Otros municipios tienen un tipo impositivo más bajo pero un valor catastral más alto, siendo el resultado final que la cuota que pagan los contribuyentes de Reus sea más baja,» añaden.

Durante el trámite de exposición al público, la subida del IBI recibió alegaciones por parte de formaciones políticas, asociaciones de vecinos y colectivos profesionales. Con una especial contundencia se manifestó en contra del aumento de la presión fiscal –no sólo del IBI– el tejido vecinal: la Asociación de Vecinos I de Maig, L’Harmonia del Carme, la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) y el partido Entre Veïns, integrado por líderes de entidades, denunciaron que «subir el tipo añadirá dificultades a la ciudadanía para afrontar el pago en un periodo de crisis». También recogieron firmas para intentar frenar la modificación de ordenanzas fiscales.

«La ciudad ya era cara y ahora, más»

El presidente de la FAVR, Marcos Massó, lamenta que «Reus ya era una ciudad cara para vivir pero, con el incremento de casi un 10% que, por los motivos que sean, se ha aplicado a los impuestos, todavía lo es más ahora». «Además», explica, «una subida tan grande de golpe no es la mejor manera y después hemos visto que seguramente este no era el año más adecuado para hacer-la». Con el estallido de la pandemia de la covid-19, «nos dirigimos al Ayuntamiento para preguntar si había forma de tirar eso atrás, si se podía dividir en varios años o rectificar y dejar el 10% en un 2 o en un 3%, pero nos dijeron que no era posible y realmente cuando un ayuntamiento toma una decisión es complicadísimo que la cambie», añade Massó, que apunta que «pensábamos que las circunstancias eran lo suficiente difíciles como para forzar cosas imposibles pero finalmente este tema se quedó igual». Lo que sí que hizo el gobierno fue aplazar el pago de los impuestos. En este sentido, Massó valora que «está bien pero la factura, en marzo, en abril o en septiembre, acaba llegando y se tiene que pagar igual, y seguramente la gente que lo estaba pasando mal en abril no está demasiado mejor ahora».

Sobre las firmas que diferentes entidades vecinales registraron en rechazo al aumento de la presión fiscal, el presidente de la FAVR explica que «deben estar guardadas en un cajón, no hemos vuelto a saber nada más y el 10% ya se ha aplicado», y dice que «de entrada ya sabíamos que las firmas no servirían para mucha cosa pero quisimos que el gobierno viera que la ciudadanía no estaba de acuerdo con eso». Teniendo en cuenta el contexto actual, «seguro que hay personas que están sufriendo para poder pagar el recibo o que, directamente, no lo pueden hacer», concluye Massó. Los grupos municipales de PSC y Cs, y la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya también habían formulado alegaciones al texto.

El gobierno de Reus aplica al IBI el criterio de progresividad fiscal a través de la bonificación para las familias numerosas e incorpora un incremento de un 50% del impuesto a los inmuebles desocupados, los que están dos años sin nadie empadronado ni servicios. El IBI diferenciado se sitúa en el tipo máximo. Reus es también una de las localidades que pidió en el Ministeri d'Hisenda revisar, por el año 2020, el catastro de los inmuebles urbanos.