Vivienda desahucia ocupas de los bloques de pisos de Mas Pellicer de Reus cada mes

La Agència de l’Habitatge de Catalunya «denuncia al juzgado, siempre, como procedimiento habitual, todos aquellos casos de ocupaciones ilegales» que afectan inmuebles que se encuentran bajo su gestión. La moratoria que se aplicó a los lanzamientos coincidiendo con el estado de alarma por la covid-19 y el paro en los tribunales durante agosto ha propiciado que, tal como explica al presidente de la Asociación de Vecinos I de Maig de Mas Pellicer, Eduardo Navas, «a lo largo de septiembre haya habido, como mínimo, tres desalojos» en el barrio, donde Habitatge cuenta con 202 pisos. De estos 202, tal como detalla Navas, una veintena acogerían actualmente ocupas. La cifra se ha mantenido estable en los últimos años.

El jefe del Servei Territorial d’Habitatgea de Tarragona, Josep Maria Juncosa, concreta que, cuando la Generalitat tiene conocimiento que alguno de sus pisos han sido reventados, «ponemos en marcha el pertinente procedimiento judicial». Después, el juez fija la fecha de lanzamiento y «no aquí, sino en toda la demarcación, tenemos algunos cada mes». Lo constata también Navas, que dice que «frecuentemente, al menos una vez en el mes, vemos llegar la comitiva judicial y los Mossos d'Esquadra para dejar algún piso libre de ocupas y tapiarlo; pero acostumbra a pasar que, tan pronto como la policía se marcha, ya sea los mismos que había antes u otros, lo abren de nuevo y se ponen». Entonces, el procedimiento vuelve al punto de partida. Mientras se alarga el bucle, los inmuebles de la Agència d’Habitatge en Mas Pellicer, concebidos para ser entregados a personas vulnerables bien a través de Servicios Sociales o bien mediante la mesa de emergencia, no se pueden destinar a esta función. El presidente de I de Maig explica que «la lucha de Habitatge es pesada» y lamenta que «lo peor es que los que ocupan, muy a menudo, no lo hacen por necesidad, sino para tener un piso donde hacer juerga o plantar marihuana». Por eso, «estamos a favor que la Generalitat eche los incívicos» y «querríamos que estos pisos pudieran ir a parar a familias que sí que los necesitan, porque para eso están». Desde vivienda, Juncosa reconoce que la persistencia y la rapidez con qué se producen las ocupaciones «nos lo pone difícil».

La factura a la comunidad

Los desahucios más recientes en Mas Pellicer han tenido lugar «uno hace quince días, en el bloque 45; y dos más a finales de la semana pasada, también al bloque 45 y al 22». En unos «los ha dado una semana para dejar el piso» y «después vendrán y lo tapiarán, y colocarán una puerta metálica». Navas ve muy positivamente la recuperación de inmuebles por parte de Habitatge porque «hay mucha gente que realmente necesita un piso, que ha hecho los trámites y que no puede acceder porque está ocupado por alguien que les está cogiendo este derecho». «También es del todo positivo para el propio barrio», añade, porque «los ocupas incívicos generan una factura muy grande, en todos los sentidos, para las comunidades donde se instalan.»

El presidente de I de Maigdenuncia que una buena parte de las personas que revientan puertas «generan problemas graves en la zona» a causa que «a veces, utilizan los pisos para vender droga o bien para cultivarla. Eso compuerta que arrancan los timbres y las puertas del portal a fin de que quien va a comprar pueda subir directamente». En otras ocasiones «en los pisos ocupados ni siquiera vive gente: son casas que se abren para tener un lugar donde ir a hacer fiesta y, evidentemente, quién hace eso no tiene ningún cuidado de la escalera ni de la vida del resto de vecinos». Lo peor, explica Navas, «es que el juez hace fuera los ocupas al final de procesos que sabemos que son largos y complicados pero después sólo pasan unas horas y ya se han vuelto a poner, y así es imposible». Habitatge, según Navas, tiene los bloques 31, 33, 45, 49, 56, 59 íntegramente de su gestión pero «también pisos aislados en otros edificios».