Juzgarán a un chico de 24 años por mantener relaciones sexuales con una niña de 12 en Reus

La tarde antes de los hechos hablaron a través de Instagram y quedaron en verse al día siguiente. Entre las nueve y las diez de la mañana, ella se dirigió al domicilio del acusado en Reus y, en un momento dado, se dirigieron al dormitorio del procesado.

«Con la finalidad de satisfacer su ánimo libidinoso y sin hacer uso de la violencia ni intimidación, si bien prevaleciéndose de la relación de amistad y confianza existente entre ellos, la besó y tocó por varias partes del cuerpo y los genitales, y la penetró vaginalmente una vez haciendo uso de preservativo», relata la fiscalía.

Cuando la menor llegó a su casa, hacia las tres de la tarde, la madre le pidió explicaciones porque había recibido un correo electrónico del instituto donde la informaban de que no había ido a clase. La niña confesó que había ido al domicilio del acusado y que habían mantenido relaciones.

Posteriormente, fueron al hospital Sant Joan de Reus para que la visitara el médico forense y la madre presentó una denuncia a los Mossos d'Esquadra. Según la fiscalía, la menor no sufrió lesiones traumáticas ni una afectación relevante por los hechos vividos.

Prisión y expulsión del país

Según la fiscalía, sin embargo, los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual a menor de 16 años con la circunstancia de que el acusado se prevaleció de la relación de superioridad con la víctima, y de otro contra la libertad sexual por haber propuesto un encuentro con la menor a través de la red social con la finalidad de mantener relaciones.

Por el primer delito, la fiscalía pide una pena de 12 años de prisión, pero propone que una vez cumplidas tres cuartas partes de la pena, el resto se sustituya por la expulsión del estado español durante 10 años. El procesado es de nacionalidad boliviana y se encuentra en situación administrativa irregular en el estado español. De hecho, tenía incoado un expediente de expulsión con fecha de 1 de julio del año pasado.

Por el delito contra la libertad sexual, el ministerio público pide 2 años más de prisión que propone sustituir por otros 6 años de expulsión del país y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que comporte contacto directo y regular con menores durante 5 años.

La fiscal también pide que el acusado no pueda acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni comunicarse con ella durante 18 años –entre los dos delitos. Además, solicita 9 años de libertad vigilada a cumplir después de las penas privativas de libertad y 10.000 euros de indemnización por daños morales. El caso llegará próximamente a juicio en la Audiencia de Tarragona.