Pactan 21 años de prisión para el hombre acusado abusar sexualmente de cuatro menores en Reus

Los hechos correspondientes a la segunda víctima se remontan en verano de 2017 cuando la niña, tutelada por la DGAIA, tenía 11 años. La menor solía acudir al domicilio del acusado junto con otra niña -la tercera víctima- y el novio de esta, que al mismo tiempo es pariente lejano del hombre. En una ocasión, mientras la menor dormía, el hombre le hizo tocamientos en la zona genital y durante el 2017 y 2019, de forma reiterada, la menor accedió «voluntariamente» a proposiciones de carácter sexual por las cuales él le daba 20 o 50 euros. En una ocasión, a pesar de la negativa a hacerle una felación a cambio de 50 euros, el hombre la obligó.

Con respecto a la tercera víctima, entre 2016 y 2019 le propuso varias veces tocamientos en brazos, piernas y zonas genitales, estando la menor desnuda, a cambio de 20 o 30 euros. En algunas ocasiones, la niña masturbaba al acusado, ya estuviera en el domicilio de él, o enlas instalaciones deportivas del colegio Eduard Toda de Reus, a las que el condenado tenía acceso en su condición de entrenador de fútbol del Club EsportiuInter de Reus. En una ocasión, en el 2018, la obligó a hacerle tocamientos aunque ella no quería.

Finalmente, la cuarta víctima vivía desde pequeña en el domicilio del acusado y en el momento de los hechos trabajaba para el hombre cuidando a la madre de este. Durante los años 2017 y 2018, cuando ella tenía 15 años, el hombre le propuso «insistentemente» hacerle tocamientos a cambio de 30 o 50 euros a los cuales la menor se negaba. Finalmente, sin embargo, accedió a mediados de 2018, cuando ya tenía 16 años. Fueron unas cinco o seis ocasiones, en las que la víctima hacía masajes al acusado mientras él le hacía tocamientos en los pechos a cambio de 50 o 70 euros.

Familiares de tres menores interpusieron denuncia en la comisaría de los Mossos de Reus enenero y la Generalitat -en representación de la menor tutelada- lo hizo en marzo de 2019. El 17 de enero de 2019 el juzgado de instrucción acordó prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre.

Como mucho pasará 9 años entre rejas

La fiscalía pedía inicialmente 43 años de prisión, pero este miércoles ha sellado un pacto de conformidad con la defensa, la acusación particular -en representación de una de las víctimas- y el abogado de la Generalitat que ha evitado la celebración del juicio este miércoles y jueves.

Fruto de este acuerdo, la Audiencia ha condenado al hombre a 21 años de prisión. En concreto, por tres delitos continuados de abusos sexuales a menor de 16 años (con una pena de 3 años de prisión cada uno), tres delitos continuados de inducción a la prostitución de menor de 16 años (3 años más de privación de libertad cada uno), un delito continuado de abusos sexuales a menor de edad (1,5 años de prisión) y un delito continuado de corrupción de menores (1,5 años).

El tribunal ha aplicado el atenuante calificado de enajenación mental porque, en el momento de los hechos, el hombre tenía acreditado un grado de discapacidad del 65%, con crisis de epilepsia, convulsiones generalizadas y retraso mental. Además, había sido escolarizado en una escuela de educación especial. Todo, concluye la sentencia, afectaba a sus capacidades volitivas e intelectivas «de manera importante».

El hombre, sin embargo, sólo pasará un máximo de 9 años entre rejas -ahora ya lleva casi dos- por la regla del triple de la mayor, que prevé que un condenado no pueda estar encarcelado por más tiempo del triple de la condena más elevada (que es de 3 años). Además, la sentencia también impone al hombre 7 años de libertad vigilada, la prohibición de hacer trabajos o profesiones -remuneradas o no- que impliquen contacto con menores durante 7 años y que no pueda acercarse a las víctimas a menos de 250 metros ni comunicarse con ellas por ningún medio durante este mismo periodo.

El ConsellEsportiudel Baix Camp suspendió el contrato laboral

Por su parte, el Consell Esportiudel Baix Camp (CEBC) ha manifestado en un comunicado que cuando tuvo conocimiento de la detención del monitor, hace cerca de dos años, procedió «de forma inmediata» a la suspensión del contrato de trabajo a la espera de la resolución judicial.

«Esta decisión, aunque las acusaciones se corresponden a hechos relacionados con el ámbito familiar y en ningún caso con el ámbito laboral, se tomó de forma inmediata e irrevocable con el fin de garantizar los derechos de nuestros usuarios y trabajadores», ha defendido el CEBC en la nota.

La entidad también ha apuntado que la contratación del monitor se había hecho para dar cumplimiento en la normativa que disponía que las empresas con un volumen importante de trabajadores tienen que contratar un determinado porcentaje de personas con discapacidad.