La Junta Electoral de Reus recuerda que hay 48 horas por constituir las mesas y que eso podría retrasar el escrutinio

El presidente de la Junta Electoral de zona de Reus, Diego Álvarez de Juan, ha recordado a Rac1 que la ley prevé diferentes escenarios si no se pueden constituir las mesas, y ha apuntado que, en última instancia, da 48 horas por formar las que no se hayan podido constituir, buscando a otras personas el lunes o martes, lo que haría retrasar el escrutinio.

Ha dicho que eso ha pasado de forma anecdótica, pero que este año está el «riesgo» que se pueda producir de forma más importante. A pesar de todo, Álvarez de Juan ha opinado que la mayoría de mesas se constituirán con normalidad. Sobre la instrucción de la Junta Provincial de Barcelona sobre suplentes, ha avisado de que puede suponer un problema si tienen que ir en un colegio electoral lejano, porque no podrían votar.

«Yo creo que no habrá problemas excesivos para constituir las mesas», ha dicho Álvarez de Juan, que en todo caso ha recordado las diferentes previsiones legales en caso de que haya incidencias. En primer lugar, ha apuntado que se pueden incorporar los primeros votantes, pero que en este caso son colectivo de riesgo. En segunda instancia, ha explicado que la normativa establece que si no se puede constituir la mesa antes de las 10, la junta puede suspender aquella mesa y tiene 48 horas para formarla de nuevo, buscando personas en el censo para poder votar el lunes o martes.

Ha reconocido que son «escenarios desconocidos», aunque cree que en alguna ocasión ha pasado y se ha tenido que formar alguna mesa al día siguiente. «Ahora estamos hablando del riesgo de que pase en muchas, pero teniendo esta prevención legal yo creo que se podrá salvar sin grandes inconvenientes. No es la situación deseable, no es el escenario ideal, pero la ley lo prevé y evitaríamos posibles conflictos», ha añadido.

Álvarez de Juan ha dicho que entiende que la gente esté preocupada y alarmada, pero ha insistido en que hay soluciones. «Somos una sociedad madura que irá a la mesa en la mayoría de los casos», ha insistido.

Con respecto a la sugerencia de la Junta Provincial de Barcelona de utilizar suplentes de una mesa ya constituida para otra, ha avisado de que puede provocar problemas porque aquellos suplentes tienen que votar en su mesa. «A priori, tú no puedes formar parte de una mesa donde no seas elector, podríamos tener un problema logístico», ha dicho. En caso de que aquel suplente acabe yendo a otra mesa del mismo colegio o de uno próximo, todavía, pero «si tiene que ir a otra parte del municipio particularmente alejada generaría dudas», ha remarcado.

Sobre las excusas presentadas por miles de personas, ha explicado que cada junta decide dónde sitúa la línea para aceptar o no las alegaciones. Después de escuchar casos como el de un hombre al Vendrell que tiene la mujer con leucemia, con quimioterapia y muy baja de defensas, ha indicado que lo que hay que acreditar sobre todo es la situación de dependencia de ella, y no tanto la enfermedad del convivent, porque «por definición legal eso no es causa de excusa».

Álvarez de Juan ha apuntado que en Reus les están llegando excusas de todo tipo, y en casos de dependencia las están tramitando todas, también cuando hay custodias compartidas. También están siendo laxas con las personas que tengan entre 60 y 65 años.

Al preguntarle si una persona que tenga que formar parte de una mesa podría denunciar la administración si se infectara, ha remarcado que habría que establecer claramente que se ha contagiado allí y ha augurado que tendría «un recorrido complicado». «Tengo dudas que tuviera éxito», ha añadido.

También el profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona (UdG) Josep Maria Aguirre ha recordado en Catalunya Ràdio que la ley incluye la previsión de poder constituir las mesas en un plazo de 48 horas si hay problemas iniciales. Ahora bien, según sus pronósticos, el mismo 14-F habrá resultado y el supuesto de no poder constituir las mesas «será residual».

En este sentido, ha remarcado que en las mesas no sólo están llamados los tres miembros que la integran, sino que también se convocan dos suplentes para cada uno de ellos, con un total de nueve personas, que además podrían llenar otras vacantes. Aguirre ha remarcado que «se han presentado un 25% de excusas, pero hay un 75% de personas que no han presentado excusa», por lo tanto hay que suponer que se presentarán.

La Junta Electoral Central «omite» funciones

De todos modos, Aguirre ha considerado que no se tendría que haber llegado a «estos extremos», y ha criticado que la Junta Electoral Provincial de Barcelona pidió a la Junta Electoral Central que aclarara hace semanas su instrucción sobre las excusas y alegaciones de los ciudadanos para no ir a la mesa y saber qué motivos son excluyentes. «La Junta Electoral Central omitió sus funciones y lo delegó a las juntas electorales de zona y ahora tenemos el problema servido», ha lamentado.

Con respecto a las consecuencias, no presentarse a la mesa está castigado con entre tres meses a un año de prisión o multa de seis a 24 meses. «Normalmente todo eso suele acabar en sanción económica en aquellos casos en que realmente se tramitan las responsabilidades», ha dicho. Además, todavía son «muchos menos» los que acaban en sentencia condenatoria. Con respecto a la cantidad de las sanciones, ponderan la capacidad económica de la persona.

Aguirre ha añadido el hecho de que la situación actual es «excepcional» y que además hay uno eximente legal que es el «miedo insuperable», que puede llegar a ser una consideración a valorar en caso de tramitarse incomparecencias a las mesas. Ha opinado que «es muy difícil» que aquellos que han presentado informes acreditativos y escritos en el periodo de alegaciones reciban una condena penal. «Veo muy complicado que en supuestos de riesgo real se puedan incoar expedientes», ha insistido.

A su parecer, la solución de todo sería que los ayuntamientos asignen más trabajadores públicos voluntarios para cubrir vacantes y al mismo tiempo garantizar «un proceso objetivo y transparente». Ha remarcado que los funcionarios públicos tienen esta obligación en el ejercicio de sus funciones.