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Vivienda

Reus inspeccionará 40 pisos vacíos de grandes tenedores para fomentar el alquiler social

Las viviendas se visitarán durante los próximos seis meses y si los propietarios no actúan el consistorio los sancionará

Una imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Reus.

Ayuntamiento de Reus, plaza del MercadoOlívia Molet

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El Ayuntamiento de Reus y la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) inspeccionarán 40 pisos vacíos de grandes tenedores con el objetivo que los propietarios los pongan en el mercado de alquiler social. El organismo cofinanciará los costes de la inspección con 12.000 euros mientras que el consistorio aportará el personal necesario y llevará a cabo las investigaciones, que se harán durante los próximos seis meses. Según la Generalitat en la ciudad hay unas 400 viviendas en manos de grandes tenedores, muchos de las cuales el ayuntamiento sospecha que están vacíos. La concejala de Vivienda de Reus, Teresa Pallarès, ha adelantado que si los propietarios no actúan los sancionarán, pero que esta es la última opción. La ley catalana prevé multas de entre 90.001 y 900.000 euros.

Pallarès ha indicado que están «decididos a intervenir en el mercado inmobiliario en la detección y movilización de viviendas vacías». «Hay que hacer un trabajo de detección, comprobación e inspección», ha dicho la concejala, a la vez que ha indicado que desde el ayuntamiento intentarán que los propietarios «tengan medidas de incentivo» para que los destinen a alquiler social. «Intentaremos darles garantías de que estas personas puedan pagar el alquiler, garantizar que no son problemáticos y hacer un seguimiento desde Serveis Sociales siempre que sea necesario», ha añadido.

La normativa también prevé políticas de rehabilitación de los inmuebles, cesiones a la administración de las viviendas para que los gestione en régimen de alquiler o una reducción de la fiscalidad con el fin de incentivar la ocupación. Pallarès ha remarcado que la sanción sería la última opción pero ha puesto de manifiesto que los bancos tienen una «función social» que se tiene que cumplir.

Desde el consistorio se priorizarán los controles de aquellos pisos que figuren en el Registro de Viviendas Vacías y Ocupadas (RHBO), del catastro municipal, y que tengan un expediente sancionador abierto. Una vez realizadas las inspecciones, por parte del ayuntamiento se iniciarán los expedientes correspondientes, y se concertará con la AHC la manera como obtener las viviendas para ser destinadas a políticas sociales, a través de de las fórmulas previstas por la ley. Una normativa que Pallarès ha recordado que se encuentra recurrida en el Tribunal Constitucional.

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