El Ayuntamiento de Reus retira la pancarta de 'Llibertat presos polítics' por orden del juzgado

El gobierno de Reus ha retirado la pancarta de Llibertat presos polítics de la fachada del palacio consistorial. En diciembre de 2020, el juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona ya había ordenado descolgarla, en la sentencia resultante de una denuncia presentada por el exconcejal de Cs Juan Carlos Sánchez, donde el mismo exedil la consideraba «partidista» y entendía que no tenía «reconocimiento legal válido como símbolo oficial de ninguna administración del territorio». La resolución admitía recurso de apelación y el gobierno lo interpuso. Desde hace unos días, sin embargo, la pancarta ya no está en el lugar. Fuentes municipales consultadas en este aspecto precisan que su retirada se corresponde con «la ejecución provisional» de la sentencia de diciembre.

De hecho, a mediados de este pasado mes de marzo, el mismo juzgado había remitido un oficio al registro del Ayuntamiento de Reus requiriéndole al gobierno este paso, y el secretario había respondido acusando la recepción del oficio y avanzando que se procedería a descolgar la pancarta.

Sánchez, por su parte, expresaba ayer que el gobierno local «se ha sometido al imperio de la ley, como tiene que ser» porque «un alcalde tiene que respetar las leyes y ser sumiso a las resoluciones judiciales».

«No tiene un reconocimiento legal»

En la sentencia de diciembre, la jueza del Contencioso Administrativo número 1 de Tarragona apuntaba que «la colocación de la pancarta no responde a ninguna conmemoración o celebración a que alude el Ayuntamiento, sino que es reivindicativa de la libertad de los presos, cosa que comporta una adhesión o apoyo a una determinada causa que no puede ser tenida por general, ya que compromete la propia neutralidad política del Ayuntamiento y su objetividad al servicio de los vecinos». La misma resolución indicaba que «no existe ni rastro del acuerdo municipal acordando su colocación» y que «de eso se infiere la voluntad municipal por la vía de los hechos consumados». La sentencia del Contencioso recogía, así, que «el Ayuntamiento no puede actuar en representación o al servicio de grupos o colectivos de un determinado signo político o ideológico, sino al servicio del interés general». Según resolvía la jueza, la pancarta de Llibertat presos polítics «constituye un símbolo de la reivindicación independentista de una parte de los ciudadanos catalanes representados por una parte de los partidos políticos, y sistemáticamente utilizado por aquellas fuerzas políticas que defienden esta opción independentista, no tiene reconocimiento legal válido como símbolo oficial de ninguna administración territorial, hecho por el cual resulta obvio que su uso y exhibición por un poder público (...) sólo puede ser calificado de partidista».

El gobierno de Reus, que en su posicionamiento en el juzgado ha defendido siempre la pancarta aludiendo a la consideración del palacio municipal como «un espacio donde (...) se ha hecho expresión del sentir de la población ante conmemoraciones, celebraciones e incluso ciertas reivindicaciones sin que nunca se hubiera cuestionado la legalidad de la colocación de estos símbolos por el hecho de no representar a todo el conjunto de la población», esperará ahora a que se resuelva el recurso que ha presentado contra la sentencia que lo ha obligado a descolgarla. Sánchez, a su vez, ha formalizado el trámite de oposición al recurso.